El BOE publica el primero de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno tras su caótica tramitación
Los dos textos serán votados este viernes en el Congreso
El Gobierno no ha podido hoy evitar la confusión con los decretos aprobados ayer para resolver el problema del alquiler de viviendas. Sólo uno ha sido publicado en el BOE a tan sólo 48 horas de que se voten los dos textos en el Congreso. Pero ambos coinciden el algo: la amenaza que supone para los propietarios de viviendas.
El borrador del decreto que no ha visto la luz, obliga a la prórroga automática de los contratos, con amenaza a los propietarios para que, si no hay prórroga, se vean obligados a pagar una indemnización a sus inquilinos de 12 mensualidades, como si fuera un despido laboral.
En el decreto ya publicado en el BOE, el Gobierno recurre a la arenga política más que al tono jurídico de este tipo de textos. En su primera página señana que "Maricarmen, la anciana desahuciada, no es sólo un número, es víctima de una legislación machista y retrógada procedente de la dictadura y la especulación voráz". El texto tiene 96 páginas y fue redactado en tiémpo récord para dar solución a la principal precupación de los españoles, la vivienda.
Se prohíbe la compra especulativa de vivienda hasta 2028 por parte de los fondos de inversión inmobiliaria. No podrán comprar una propiedad por un precio inferior al setenta por ciento de la tasación. Esto afecta a la nuda propiedad y a la venta de viviendas okupadas.
Se suspenden los desahucios de personas o familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
Se prorrogan los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027. Y se prohibe actualizar la renta si es superior al índice de precios de referencia. Y si no lo es, el incremento no superará el 2%.
Se regulan los alquileres de temporada y de habitaciones. Si no se demuestra su necesidad temporal, pasarán a ser contrato habitual.
Se reduce el IVA para la construcción de vivienda pública y protegida. El decreto contempla deducciones fiscales para inquilinos y para propietarios que reduzcan o mantengan las rentas.
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