Cuestionan la constitucionalidad de delegar las competencias en inmigración a Cataluña
- El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, señala que las competencias de control migratorio son exclusivamente del Estado como la política exterior o la Defensa
El Gobierno afirma que la cesión de las competencias de inmigración se haría aplicando el artículo 150 de la Constitución que permite la delegación de funciones del gobierno a los territorios. Los expertos juristas consideran que esas competencias son "intransferibles" en el marco de la Constitución. El Tribunal Constitucional sentenció ya que la competencia de inmigración es exclusivamente estatal.
El acuerdo entre Junts y el PSOE para delegar a Cataluña las competencias en materia migratoria ha suscitado dudas acerca de su constitucionalidad, ya que la Carta Magna dice expresamente que se trata de una materia exclusiva del Estado.
El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, consultado por Telemadrid, señala que las competencias de control migratorio son exclusivamente del Estado como lo son las competencias de política exterior o la Defensa.
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ha negado que la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña, como acordó el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, vaya a suponer que el Govern catalán pueda rechazar la acogida de menores no acompañados, aunque ha precisado que aún falta por definir el texto legislativo.
En cualquier caso, el ministro Torres ha precisado que el acuerdo con Junts no supondrá una transferencia a Cataluña, sino que se delegarán las competencias en materia de migración, un mecanismo que, según ha explicado, otorga al Estado la posibilidad de recuperar estas competencias.
El pacto, que permitió salvar dos decretos-leyes clave para el Gobierno, contempla "la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española, a través de una ley orgánica específica para Cataluña", así como de los "recursos necesarios", todo ello con el objetivo de que la comunidad autónoma pueda "hacer una política integral".
