Críticas de los barones socialistas a la reforma del delito de sedición
- De Garcia-Page, Lambán y Fernández Vara
Tras el anuncio de reforma del delito de sedición, dentro del PSOE ya han surgido voces críticas entre sus barones regionales.
Tanto el castellano manchego Emiliano Garcia Page como el aragonés Javier Lambán se han mostrado contrarios a la reforma.
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Al presidente de Extremadura, Guillermo Fernandez Vara, tampoco le gusta, pero cree que este es un tiempo diferente y que lo que se rompe es el independentismo, no España.
De este modo, el presidente deCastilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, ha afirmado que no comparte la propuesta de reformar el delito de sedición, porque "se va a abaratar el ataque a la Constitución".
Ha admitido el anuncio que hizo este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la reforma del delito de sedición le sorprendió.
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Ha considerado que a su entender sería "legítimo" plantear ese debate a medio plazo, "dentro de uno o dos años", pero ha subrayado que "este debate hoy no toca".
Ha argumentado que, en la actualidad, lo que tendría que ocurrir es que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, viniera a España para que fuera juzgado con las mismas leyes a las que se sometieron el resto de condenados por el procés.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha reiterado este viernes su rechazo a la derogación del delito de sedición y ha aseverado que lo ocurrido en Cataluña "fue gravísimo".
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Lambán ha afirmado que "se intentó alterar el orden constitucional, la Fiscalía llegó a pedir que se calificara como delito de rebelión y, al final, el Tribunal Supremo estableció que había sido sedición", añadiendo que la respuesta del Gobierno de España fue "ajustada" y los tribunales de justicia "calibraron perfectamente lo que había pasado".
Lambán ha aseverado que "el Estado de Derecho, ante cualquier posibilidad de atentado contra la Constitución, tiene que estar muy bien armado política y jurídicamente", de forma que, además de la legislación vigente, incluido el Código Penal, debería contar con "otras herramientas".
