La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el convenio con el Ayuntamiento de Madrid que permitirá iniciar de forma inmediata el derribo del núcleo chabolista de 'El Gallinero' y realojar de forma transitoria a 36 familias hasta asignarles viviendas, todo ello antes de que termine la legislatura. Al término del consejo de Gobierno de hoy, el portavoz del Gobierno, Pedro Rollán, ha dicho que el Gobierno regional ha aprobado el gasto de 1,96 millones de euros, una aportación similar a la que hace el Ayuntamiento al proyecto, que incluye el acompañamiento social de las familias hasta su integración en sus nuevos lugares de residencia.
Según Rollán, en las próximas semanas el Ayuntamiento y la Comunidad acordarán la "hoja de ruta" para proceder al desalojo, que supone el derribo del poblado chabolista, a cargo del Ayuntamiento, y el alojamiento transitorio de las 36 familias hasta que se les asignen sendas viviendas adquiridas por las dos administraciones.
La actuación conjunta de los gobiernos regional y local de Madrid prevé el acompañamiento social de las familias, para facilitar su proceso de integración en sus nuevos lugares de residencia, y la limpieza y la restauración de la zona donde se sitúa desde hace más de una década 'El Gallinero'.
En el marco de este convenio ambas administraciones trabajarán de forma conjunta "para proceder al derribo inmediato de las chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales" existentes en el lugar.
Según la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el proceso de realojamiento e integración afecta a 150 personas, la mitad de ellas son menores de edad.
En virtud del convenio suscrito hoy el Ayuntamiento de Madrid gestionará un primer alojamiento provisional de los habitantes de 'El Gallinero' que permita derribar las chabolas y comenzar los trabajos para la restauración del territorio al medio natural.
Por su parte, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid adquirirá las viviendas en las que serán realojadas definitivamente estas personas, la mayor parte de origen rumano.
El proceso de realojo de cada núcleo familiar dependerá de sus características socio-familiares, capacidad económica, arraigo y proceso de inclusión social, y en función de estas variables, una opción será la de proporcionarles una vivienda independiente para la familia.
"En los casos en los que se detecte una mayor necesidad de acompañamiento se garantizará a estas personas el acceso a una prestación de alojamiento alternativo, temporal y supervisado por los servicios sociales que colaborarán a su integración en el nuevo entorno", dice la Comunidad. Y una vez se constate que este proceso de integración se desarrolla positivamente, se facilitará el acceso de estas familias a una vivienda pública.
En el poblado viven familias que en muchos casos carecen de documentación básica, tienen poca formación laboral y también poco dominio del español, unos condicionantes que provocan que muchos de ellos necesiten un acompañamiento social intensivo en ese proceso de cambio de modo de vida.
