La situación en Ceuta se mantiene crítica y sin cambios tras las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
Cientos de migrantes continúan en las calles, plazas y playas de la ciudad, mientras la crispación social aumenta entre los ceutíes, quienes se oponen a la instalación de nuevos campamentos de acogida cerca de sus viviendas y centros educativos.
Disputas por conseguir una plaza
Para hacer frente a la crisis, el Gobierno ha anunciado el envío de infraestructuras del equipo de respuesta humanitaria. Sin embargo, mientras estos recursos llegan, las disputas y conflictos entre los recién llegados para conseguir una plaza habilitada se suceden. Estas instalaciones representan el primer paso para iniciar sus solicitudes de asilo, pero el acceso desigual acrecienta los problemas de convivencia.
El incremento de la inseguridad y de delitos violentos ha puesto al límite la capacidad de la única prisión de Ceuta. Representantes de la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios (TAMPM) denuncian un colapso inminente debido a un repunte en conductas delictivas como robos con violencia, agresiones y atentados a la autoridad.
Saturación penitenciaria
Las dependencias penitenciarias de la ciudad autónoma también sufren un pico de saturación. Los ingresos en prisión se han multiplicado por 4 en el último mes, derivados de un aumento de un 400% en el número de delitos. Debido a esta situación de colapso, los traslados a centros penitenciarios de la Península se han convertido en una solución de emergencia para solventar los problemas de ubicación. "No nos queda más remedio que derivar a toda esta gente a la Península", admite José Manuel Caro, funcionario y portavoz de TAMPM Ceuta.
Deterioro del espacio público
En zonas emblemáticas como la playa del Trampolín, la vida cotidiana ha dado paso al trueque y al trapicheo informal. Los propios residentes y recién llegados constatan la falta de controles en los accesos fronterizos. Entre tanto, los vecinos de Ceuta continúan movilizándose para exigir que no se levanten nuevas infraestructuras de acogida en las inmediaciones de zonas residenciales ni colegios.