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El coronavirus da un respiro en la Comunidad de Madrid: la incidencia baja hasta los 742 casos por cada 100.000 habitantes. En todo caso, en riesgo extremo, y muy por encima, pues este nivel se marca a partir de los 250 casos.

Baja, por primera vez desde el mes de junio la incidencia a 14 días en la Comunidad de Madrid, aunque lo que sigue aumentando, de momento, es la presión hospitalaria con 85 nuevos hospitalizados, 15 de ellos en la UCI.

Sigue la vacunación en Madrid

Se estabiliza la quinta ola, mientras continúa un proceso de vacunación que a muchos está pillando de vacaciones. Recibir la cita para la segunda dosis de la vacuna en pleno mes de agosto, está haciendo que, estos días, un 20% de madrileños esté rechazando o retrasando la segunda cita para vacunarse. Son datos de la consejería de Sanidad que, junto a la disminución de citas por la falta de vacunas, hace que, en centros de vacunación como el hospital Isabel Zendal, ya no veamos largas colas como hace unas semanas.

Una situación que contrasta con la vivida justo antes de que empezara la gran escapada de agosto. Había prisa por irse de vacaciones con la pauta completa y ahora algunos optan por retrasarlo.

La Comunidad de Madrid no descarta estudiarlo, pero, de momento, no va a implantar la exigencia de disponer del certificado Covid para acceder a espacios públicos como bares y restaurantes. La presidenta regional ha asegurado que primero habría que llegar a un porcentaje de vacunados y cuando se alcance, analizarlo.

Andalucía lo impone en el ocio

Andalucía ha decidido imponer el pasaporte Covid europeo en los locales de ocio nocturno. No se puede acceder sin mostrarlo a la entrada o, en su defecto, sin prueba diagnóstica negativa, ya sea PCR o test de antígenos.

Galicia ha sido la primera comunidad en pedirlo en los interiores de los establecimientos de las ciudades. Canarias ha tenido que dejar de hacerlo. El Tribunal Superior de Justicia revocó la orden al entender que se vulneraban derechos fundamentales.

Cantabria asegura que lo exigirá en los municipios con nivel de alto riesgo pero, de momento, ni sanciona ni realiza inspecciones a la espera de una resolución judicial.

El Ministerio de Sanidad insiste en que no hay cobertura legal para su uso porque el certificado fue creado por la Unión Europea para moverse entre países. La Agencia Española de Protección de Datos ha enviado un requerimiento a las comunidades para comprobar la licitud del tratamiento de los datos personales.