El alcalde y dos exalcaldes de Colmenar Viejo, ante el juez por irregularidades urbanísticas

El actual alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, y otros once concejales y exconcejales han defendido que concedieron licencias que contaban con informes desfavorables sin saber que era ilegal y pensando en beneficiar a los vecinos, ya que se trataba de aspectos "menores" cuyo cambio acarrearía consecuencias graves para los ciudadanos.

La Audiencia de Madrid juzga desde este lunes a doce ediles y exediles de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, entre ellos el actual alcalde, acusados de otorgar licencias urbanísticas irregularmente, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ellos entre dos y tres años y medio de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.

Los hechos se refieren al período comprendido entre 2006 y 2012 y entre los acusados hay ediles de varias corporaciones, todos del PP, incluido el actual alcalde, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer cargo público.

Se trata de la misma pena que solicita el Ministerio Público para el actual candidato a la Alcaldía del PP, Carlos Blázquez, otro de los encausados.

Antes del juicio los abogados defensores de los procesados han solicitado que no se celebrara porque se trata de hechos juzgados, al ser muy similares a otros ya enjuiciados y en los que los procesados fueron absueltos. Pero la Sala no lo ha aceptado.

"TIRAR LA VIVIENDA"

El actual alcalde, Jorge García Díaz, que no se presenta a la reelección en las próximas elecciones, sino que va de número 48 en la lista del PP a la Asamblea de Madrid, está acusado de dar una licencia de primera ocupación pese a que había un informe desfavorable porque una rampa tenía una pendiente del 23 % cuando el máximo es el 20%.

En su declaración ha explicado que hubo polémica por este caso y finalmente votó a favor de dar la licencia porque "si se cambiaba no se podría acceder a garaje" ya que el coche golpearía con el suelo, y "se hubiera tenido que tirar la vivienda".

Ha precisado que la decisión la tomó "teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad, e intentando no perjudicar a nadie y que tampoco hubiera aprovechamiento" por parte del Ayuntamiento, y además sin saber que otorgar la licencia era delito, ya que en aquel momento él solo sabía que los informes eran preceptivos pero no vinculantes.

Ha sostenido que, debido a los problemas que surgieron en esos años al otorgar licencias, en 2021 el Ayuntamiento aprobó una normativa para aunar criterios.

En la misma línea Carlos Blázquez, que está procesado por la misma decisión que el actual alcalde, ha explicado que dieron la licencia porque el arquitecto municipal advirtió de que la rampa no cumplía estrictamente la norma, pero también de que para subsanar el problema había que "demoler el edificio".

Ha dicho que en Colmenar hay zonas en pendiente, lo que en ocasiones genera problemas al hacer construcciones, por ejemplo al determinar desde dónde se mide la inclinación, y que siempre se actúa proporcionalmente y tratando de beneficiar a los vecinos.

TRECE LICENCIAS

Los otros encausados han coincido en destacar que no sabían que incurrían en delito al otorgar alguna de las trece licencias que se han llevado a juicio, y que siempre trabajaron a favor de los ciudadanos, poniendo de relieve que en varias ocasiones los juzgados de lo contencioso-administrativo dieron la razón a vecinos a los que el Ayuntamiento había denegado licencias por esos temas "menores".

El exalcalde José María de Federico Corral ha dicho que se trató de "infracciones menores" cuyo cambio suponía acometer "cambios enormes" en las construcciones.

Por su parte, el también exalcalde Miguel Ángel Santamaría, que se ha defendido a sí mismo, ha destacado que ya fue absuelto por hechos similares, como los referidos a la altura de un muro de una vivienda, haciendo hincapié en que creían que hacían lo correcto "porque así lo determinó un juzgado de lo contencioso, el competente".