Recurrirán ante el TJUE la decisión del Supremo que limita los casos de interinos que pueden ser fijos

Un nuevo capítulo en la larga batalla judicial de los trabajadores interinos en España.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado esta misma semana sobre la situación de miles de personas que trabajan con contrato temporal en las administraciones y se ha reiterado en que solo podrán ser fijos si pasan por un proceso de selección en el que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

El Supremo asegura que sólo podrán convertirse en fijos de la administración aquellos que hayan pasado por un proceso de oposición previo aunque no lograsen la plaza en su momento. Eso quiere decir que aquellas personas que acceden al puesto temporal mediante un concurso de méritos, no podrán lograr la fijeza.

A pesar de las limitaciones de esta sentencia, el abogado Javier Araúz, representante legal del colectivo de interinos, la resolución supone un "importante avance" al reconocer la condición de fijos a cerca del 60% de los interinos.

Aunque supone un avance, Araúz ha anunciado que van a recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque consideran que el resto de interinos, también debería optar a la fijeza siguiendo los pronunciamientos anteriores del TJUE.

"Vamos a presentar una denuncia contra esta sentencia ante la Comisión Europea", ha anunciado el letrado, argumentando que el pronunciamiento sigue permitiendo que la administración se "escape" de la aplicación de la directiva comunitaria.

Uno de los avances importantes de la sentencia del Supremo es que permitirá incrementar las indemnizaciones que reciben aquellas personas que acaban su contrato temporal con una administración. Hasta ahora, recibían 20 días por año trabajado y la decisión judicial estima que deben ser cifras superiores.

De esta manera, los tribunales españoles seguirán las indicaciones del TJUE que hace un mes, consideró insuficiente la compensación que recibían aquellas personas que encadenaban contratos temporales durante décadas.

El conflicto se encuentra ahora en un punto crítico. La Comisión Europea ha otorgado al Gobierno de España un plazo que vence el 29 de julio para legislar de forma definitiva contra el abuso de la temporalidad. Si no se cumple con este requerimiento, España se enfrenta a sanciones económicas o a una demanda ante el TJUE.

Para los juristas, este proceso que dura ya 25 años debe concluir con una sanción clara a las administraciones que han abusado de la precariedad laboral en el sector público.

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