Paradoja en el empleo público: vetado por edad pese a poder trabajar hasta los 70
- Intervención de Juan José Florensa, funcionario de la Agencia Tributaria en Melilla y Carla Bonel, responsable de Derechos Humanos de la Fundación HelpAge España
La rigidez de la normativa frente a una sociedad que envejece más tarde y en mejores condiciones, Ese es el debate que ha puesto hoy sobre la mesa Juan José Florensa, funcionario de la Agencia Tributaria destinado en Melilla.
Florensa, que ha desarrollado su carrera en el ámbito de Aduanas, obtuvo una prórroga para continuar en activo hasta los 70 años, como permite la ley para el personal funcionario. Sin embargo, tras aprobar una promoción interna a un grupo de categoría superior con 64 años, ha sido excluido del nombramiento al cumplir los 65.
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No es un caso aislado. Junto a él, otras cuatro personas en distintos puntos del país han quedado fuera por el mismo motivo. La razón, una orden de 2007 que fija en 65 años la edad máxima en el momento del nombramiento, pese a que exista una prórroga concedida hasta los 70.
Florensa considera que se trata de una “incongruencia” y denuncia una situación de edadismo institucional. Por ello, y con el respaldo de los servicios jurídicos de CCOO, ya ha presentado recurso y está dispuesto a llegar hasta los tribunales si es necesario.
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Carla Bonel, responsable de Derechos Humanos de la Fundación HelpAge España y coordinadora del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) ha intervenido también en este debate.
Bonel ha destacado este caso dentro de prácticas que limitan oportunidades laborales por razón de edad, a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad y no discriminación.
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Mientras avanza un proyecto de ley que plantea ampliar la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años, el caso de Juan José Florensa reabre el debate sobre si la normativa de acceso y promoción en la Administración está adaptada a la realidad actual.
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