Tras la decisión del Consejo de Ministros esta semana de aprobar el anteproyecto de ley sobre Empleo que permitirá convertir al actual SEPE en la Agencia Estatal de Empleo, el sindicato CSIF se muestra escéptico sobre la repercusión que tendrá en la labor de este organismo que se encarga de la tramitación de las prestaciones por desempleo.
Manuel Galdeano, representante de CSIF en el SEPE, ha recordado que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de las políticas activas de empleo que incluyen la gestión de ofertas de trabajo para desempleados, su orientación laboral y los cursos de formación.
Por eso, Galdeano afirma que el anteproyecto de ley, aprobado por el gobierno, no incluye ninguna novedad en la actividad habitual del SEPE que es la gestión de prestaciones, más allá de lo que representa un cambio de nombre.
Sobre la dotación de esta nueva ley, el dirigente sindical ha explicado que el Ministerio de Trabajo ya transfirió más de 3.000 millones de euros a las comunidades para sentar las bases de esta nueva normativa que contempla una cartera de servicios mínimos para todos los desempleados, independientemente de la región a la que pertenezcan.
Por su parte, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Madrid, se ha mostrado crítica con la posibilidad de privatización de algunos servicios que contempla el proyecto del gobierno con la posibilidad de establecer acuerdos público-privado para la gestión de una parte de esa cartera.
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