La casa fantasma okupada que atormenta a Coslada
- Se trata de un edificio abandonado en el sereno barrio de El Cerro
La casa fantasma de Coslada lleva atormentando a los vecinos más de 27 años. Se trata de un edificio abandonado en el sereno barrio de El Cerro y en el que prácticamente desde que se construyó “no ha vivido nadie”, cuenta un vecino.
El tormento de estos vecinos nada tiene que ver con los espíritus, lo que les atormenta son las ratas, insectos, basura e incendios que se producen dentro. Ha sido escenario de botellones y cobijo de okupas, en definitiva, “es un foco de delincuencia dentro de la localidad”, aseguran los vecinos afectados.
“Se puede incendiar”
La vegetación ha crecido a través de la vivienda y dentro se encuentra todo derruido, las paredes están llenas de pintadas y el suelo repleto de latas de bebida.
Solange, la vecina que canta en Puerta del Ángel para echar a sus okupas
Los propietarios de las fincas colindantes denuncian intranquilidad e inseguridad y piden una solución.
No es el único caso de okupación en la localidad. Hace unos meses un equipo del programa contactaba con Lola, una mujer que alquiló su vivienda a una familia con dos hijos hace 9 años. Siempre han tenido problemas con ellos, sobre todo en el último año, que dejaron de pagar. Con el inicio de la pandemia, dejaron de pagar alegando que estaban en ERTE, la dueña afirma que todavía no lo han demostrado.
Sin embargo, pasaron estos meses y siguieron sin pagar. Tras un año, han conseguido ‘echarles’, dejándoles la casa llena de suciedad y una deuda de un año sin pagar las mensualidades y facturas sin pagar de más de 900 euros.
La okupación en Madrid
La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas okupadas. Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos más afectados. Los barrios de Chamberí, Salamanca y Retiro los que menos.
¿Qué dice la ley?
El Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.
