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(Actualizado

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de eutanasia, lo que convierte a España en el séptimo país del mundo en reconocer este derecho. Para Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente Tribunal Constitucional, se trata de una ley que genera "mucha conflictividad y muchos problemas de aplicación" y que nace "sin consenso en el Congreso".

España legaliza la eutanasia

La ley plantea dos casos para ejercer este derecho. Por un lado los enfermos terminales y por otro, los pacientes que viven en unas condiciones de dependencia por las que deciden no seguir viviendo, con las "precauciones legales" correspondientes en ambos casos.

Para el magistrado, la ley ha convertido la eutanasia "en una cuestión administrativa". "Hasta ahora, los enfermos que se encontraban en estas situaciones estaban rodeados de su familia y de los médicos que valoraban los tratamientos paliativos. Con esta ley, muchos casos pueden acabar en los tribunales, como está pasando en otros países que la han aprobado antes", asegura el magistrado.

"La ley obliga a los médicos a 'retratarse' en una lista, es contrario a la Constitución"

Rodríguez Arribas considera que la ley trata además con cierta ligereza la objeción de conciencia: "Obliga a los médicos a 'retratarse' ya que tienen que apuntarse a una lista de los que no quieren practicar la eutanasia... Es contrario al artículo 16 de la Constitución que impide que una persona sea obligada a manifestar sus creencias religiosas o su ideología", dice el magistrado. "Lo lógico es que les permitieran participar en el diagnóstico de cada caso", añade.