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La comunidad nos ha mostrado los problemas a los que se enfrenta una comunidad de vecinos del distrito Centro a raíz de una vivienda de alquiler turístico. El jaleo y los ruidos que causan los inquilinos les han causado enfermedades como insomnio y ansiedad.

A pesar de la demanda presentada por los vecinos y de la orden de cese inmediato de la actividad que consta desde hace más de año y medio, el piso turístico sigue abierto y acogiendo inquilinos.

Por su parte, Alicia, la dueña del piso en cuestión, asegura que ha recibido numerosas amenazas por parte de los vecinos, como insultos, mensajes a través del móvil, pintadas en el buzón... ¡Incluso llegaron a quemarle la puerta!

¿Cómo acabará el enfrentamiento entre ambas partes? ¿Quién lleva razón? ¿Los vecinos? ¿La dueña del piso turístico? ¿Puede haber un punto de acuerdo en el que ambas partes estén contentas? La comunidad ha convocado una junta vecinal para tratar de resolver el conflicto.

Mediación entre todas las partes

En esta junta vecinal están representadas todas las partes: los vecinos, nuestro abogado Álvaro Escudero y nuestra psicóloga Ana Villarrubia, el inspector de policía José María Benito y Adolfo Merás y Alberto Más como representantes del sector de los pisos turísticos (la dueña de la vivienda turística no quiso venir por "el miedo por las amenazas" recibidos por los vecinos).

Los vecinos del edificio se sienten indefensos y pesimistas frente a las fiestas ilegales y aseguran que, aunque han llamado a la policía en unas veinte ocasiones, la situación sigue igual. Pero... ¿Qué es lo que puede hacer la policía para hacer frente a estas fiestas?

El inspector de policía José María Benito explica que, solo en lo que va de 2021, han tenido que intervenir en más de cuatro mil fiestas ilegales. Una práctica que, aunque se ha repetido cada fin de semana, ha servido de poco, ya que las fiestas se han seguido celebrando.

Además, los agentes, al no tener autorización, no pueden entrar en la vivienda para comprobar el número de personas que hay dentro: si no hay delito penal no pueden entrar sin una autorización judicial.

En el caso de que una vivienda sea reincidente y la policía tenga que acudir en diversas ocasiones, la cosa cambia a nivel económico: "Si entramos en el tema de la desobediencia, de no quererte abrir, que has tenido que ir varias veces... Eso queda reflejado en el acta de la denuncia y la sanción es mayor".

Las sanciones por fiestas ilegales van de hasta 3.000 € las leves a 600.000 € las muy graves

¿Cómo es posible que el piso siga abierto a pesar de la orden de cierre que consta desde hace casi dos años? Para que este tipo de viviendas puedan operar, tienen que cumplir los requisitos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. En este caso solo cumple con los de una de las dos competencias administrativas.

El Ayuntamiento, al incumplirse la orden, debería sancionar al propietario. Sin embargo podría darse la situación de que la persona que alquila el piso turístico de manera ilegal esté ganando tanto dinero que le compense incluso a pesar de las multas.

¿Qué pueden hacer los vecinos?

En casa de que se sigan sucediendo los ruidos por culpa de las fiestas organizadas en el piso turístico, los vecinos "deben organizar un plan de acción", cuenta la psicóloga Ana Villarrubia. De esta manera se aseguran de no cometer actos que puedan repercutir en su contra.

Una opción provisional que se les ha planteado a los vecinos durante la junta es la del aislamiento. José Alberto Solans, profesional del aislamiento, ha explicado que, para poder insonorizar un piso de unos 70 metros cuadrados, el precio podría alcanzar los 40.000 €. Pero, según la regulación vigente, no se puede obligar al propietario a costear este aislamiento.