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(Actualizado

La Guardia Civil ha detectado un fraude a la Seguridad Social por el que varios ciudadanos de Bulgaria obtenían contratos de trabajo ficticios para someterse a tratamientos de diálisis y entrar en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón.

En el marco de la operación 'Renibus', que arrancó a comienzos de 2015 y permanece abierta, hay un total de 20 personas investigadas, incluidos 14 ciudadanos de Bulgaria que obtuvieron de forma ilegal la tarjeta sanitaria española en la Comunidad de Madrid para entrar en la lista de espera de trasplante, de los que 6 ya han recibido el riñón que necesitaban. Además, entre los investigados hay también 6 empleadores, de diferentes nacionalidades, incluidos algunos españoles, que eran los encargados de facilitarles los contratos ficticios.

Ninguno de ellos está detenido y tanto los pacientes ya trasplantados como los que siguen en diálisis permanecen en España. Estos últimos, no obstante, han sido sacados de la lista de espera. "Es un fraude para quienes esperan a recibir un órgano y se ven perjudicados por aquellos que delinquen y vienen a aprovecharse del servicio de salud ejemplar que tenemos en España", ha destacado Arsenio Fernández Mesa, director general de la Guardia Civil.

La Guardia Civil no ha detectado "una organización criminal que haya obtenido lucro ni nexos o elementos comunes entre todos ellos", según ha declarado en rueda de prensa el comandante Reina, jefe del Grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad Central Operativa (UCO), sino que se ha producido por el "efecto llamada" producido por el "boca a boca" o por los casos contados a través de diferentes medios de comunicación búlgaros.

Las penas por este delito oscilan entre los 6 meses y 6 años de cárcel en función de la gravedad que determine el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que está llevando la operación, además de una multa y el reintegro de las prestaciones indebidamente obtenidas (el coste de un trasplante de riñón oscila los 50.000 euros). La Guardia Civil está analizando también si puede haber más casos en otras comunidades autónomas.

"Esta operación entra dentro del turismo sanitario", ha declarado Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha reconocido que siempre han negado el trasplante renal a quienes venían a España por este motivo y lo limitaban a quienes tenían su residencia legal en España. Además, ha asegurado que están trabajando para evitar que se produzcan nuevos casos y confía en que el hecho de hacer pública esta operación sirva para frenar ese efecto llamada.

SE INICIA TRAS DETECTAR UN NUMERO "ANOMALO" DE TRASPLANTES

La operación se inició después de que la ONT detectara un número "anómalo" de trasplantes en ciudadanos de países de Europa del Este, en concreto de Bulgaria. Pusieron el caso en manos de la Guardia Civil y, posteriormente, identificaron que había pacientes que, al llegar a España de vacaciones o para visitar a un familiar, acudían a un centro de salud para solicitar de urgencia un tratamiento de hemodiálisis, en algunos casos en el mismo día de su llegada.

Estos tratamientos, en función de su enfermedad renal, puede consistir en hasta cuatro sesiones semanales de cuatro horas cada una y tiene un coste de 50.000 euros al año. En ese periodo, se daban de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia o ajena, como jardineros, empleados del hogar o de la construcción, lo que llamó la atención de la Guardia Civil ya que el tratamiento era "incompatible con cualquier actividad laboral".

La edad media de los pacientes era de 30 a 40 años y disponían de recursos económicos para seguir viviendo en España. "No hablamos de gente que no tiene dinero, podían seguir subsistiendo", ha reconocido el comandante Reina.

EN LISTA DE ESPERA, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE CUALQUIER ESPAÑOL

Al comprobar la veracidad de esas actividades vieron que eran fraudulentas con el "único objetivo" de obtener la tarjeta sanitaria y tener acceso a todos los servicios y prestaciones del sistema sanitario. De hecho, esto les llevaba a entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón "en las mismas condiciones que cualquier español o extranjero con derecho", según ha aclarado Matesanz. En España se realizan cada año casi 3.000 trasplantes de riñón y hay 4.327 pacientes en lista de espera, el 15 por ciento de los más de 25.500 que están en diálisis. En Bulgaria, según datos de 2014 facilitados por la ONT, se realizaron apenas 58 trasplantes de este tipo.

La Guardia Civil ha insistido en que ninguna organización criminal se ha lucrado por este motivo y sólo han identificado que en algunos casos alguno de los empleadores "cobró por darles de alta", entre 100 y 200 euros. La clave, según han añadido, ha sido el "efecto llamada" generado a través de varios artículos publicados en la prensa de Bulgaria en los que hablaban del éxito del sistema español de trasplantes "pero no de que fuera un fraude".

"El hecho de que nuestra sanidad sea universal y gratuita no quita para que estemos alerta de estas situaciones", ha declarado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.