El censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) vinculado a Madrid ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Desde octubre de 2022 se contabilizan 132.771 nuevas altas, según los datos aportados por el PP madrileño, un incremento cercano al 40% que sitúa el censo exterior de la región próximo al medio millón de electores.
Ante estas cifras, el PP ha impulsado una comisión en la Asamblea de Madrid para estudiar el aumento y los criterios por los que los nuevos electores quedan adscritos a la región.
La polémica llega después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones realizadas al amparo de la conocida como 'ley de nietos', salvo que se acredite la condición de descendiente de exiliados españoles. El Alto Tribunal justificó la medida por el incremento "extraordinario" del CERA y su posible impacto sobre la transparencia del proceso electoral.
Mientras PP y Vox cuestionan el procedimiento seguido, el Gobierno rechaza que exista una manipulación electoral y ha recurrido las medidas cautelares. La Abogacía del Estado sostiene que no hay base para afirmar que el aumento del censo pueda alterar unas elecciones.
En paralelo, PSOE y Sumar han permitido continuar la tramitación de una enmienda que trasladaría a la ley la presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. Los letrados del Congreso habían advertido de su falta de conexión material con la reforma educativa en la que se ha incluido y de posibles problemas de constitucionalidad.