La figura de María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante más de dos décadas, ha irrumpido en el foco judicial después de que su nombre aparezca de forma reiterada en el auto de 85 páginas elaborado por el juez Calama.
Alcázar, considerada una de las personas de máxima confianza del expresidente del Gobierno, permaneció junto a él incluso después de abandonar La Moncloa, acompañándole también en su etapa posterior a la política institucional.
La resolución judicial la sitúa en un “tercer nivel” de la supuesta trama, definida por algunos de los implicados como una “boutique financiera”. Según el magistrado, junto a Cristóbal Cano Quiles habría ejercido funciones vinculadas a la “operativa diaria” del entramado.
El auto describe a Gertrudis Alcázar como una “pieza operativa esencial”, encargada de la gestión documental y de trasladar mensajes y directrices de Zapatero a Julio Martínez. El juez la define además como un “nodo central de comunicación y gestión documental”.
Por este motivo, la resolución acordó la práctica de un registro corporal externo para intervenir su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento de información que portara “con el objetivo de evitar la pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes”.
A preguntas de los periodistas este jueves sobre cómo afronta la investigación y sobre una posible imputación, Alcázar optó por guardar silencio, manteniendo el perfil discreto que la ha caracterizado durante años. Hasta ahora, prácticamente no existían referencias públicas sobre su vida personal.
La única conexión familiar conocida es la de su hermana, Antonia Alcázar, actual alcaldesa socialista de la localidad madrileña de Velilla de San Antonio.