El drama de Ricardo: teme perder su vivienda por el decreto Maricarmen

Ricardo, un jubilado de 68 años con una discapacidad del 60%, lleva más de tres años viviendo en una furgoneta frente a su propia casa en Arona, Tenerife. Mientras tanto, sus inquilinos continúan ocupando la vivienda sin pagar el alquiler, según denuncia el afectado.

Con una pensión de apenas 450 euros mensuales, Ricardo asegura que acumula una deuda de unos 23.000 euros por los impagos del alquiler, que inicialmente ascendía a 600 euros mensuales con luz y agua incluidos.

Su situación comenzó en septiembre de 2022, cuando alquiló la vivienda mediante un contrato verbal. Un año después, tras divorciarse, comunicó a los inquilinos que necesitaba recuperar el inmueble para vivir.

En julio de 2026, después de emprender acciones judiciales, obtuvo una resolución favorable que fijaba el 30 de noviembre como fecha para recuperar su vivienda.

Sin embargo, la aprobación del conocido como decreto Maricarmen ha vuelto a generar incertidumbre. Ricardo teme que las nuevas medidas de protección frente a los desahucios puedan paralizar el lanzamiento previsto y prolongar su situación.

Pese a que los Servicios Sociales han reconocido su vulnerabilidad económica, el jubilado denuncia que todavía no ha recibido una alternativa habitacionalv