David Gutiérrez, portavoz de la CEP, advierte sobre la seguridad del proceso en el decreto de regularización

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto de regularización de inmigrantes en situación irregular, un texto de alta relevancia política y social que llega acompañado de cambios significativos en su redacción final.

El Ejecutivo ha decidido retirar uno de los puntos más controvertidos: la posibilidad de que los solicitantes acreditaran la ausencia de antecedentes penales mediante una simple declaración responsable.

Este mecanismo, que permitía al propio inmigrante afirmar bajo su responsabilidad que no contaba con antecedentes, ha sido finalmente descartado. En su lugar, el Gobierno ha diseñado un sistema escalonado de verificación con distintos plazos.

En primer término, el solicitante dispone de un mes para aportar la documentación de su país de origen. Si no lo logra, la Administración asume la gestión durante tres meses a través de vías diplomáticas y burocráticas. Posteriormente, se abre un último plazo de 15 días para un nuevo intento por parte del interesado.

La rectificación supone, en la práctica, un giro respecto a la propuesta inicial y refuerza algunas de las críticas que se habían formulado en los últimos meses, centradas en el riesgo de que el proceso se convirtiera en un coladero para personas con antecedentes penales.

Sin embargo, desde el ámbito policial se mantiene la preocupación. El portavoz de la Confederación Española de Policía ha subrayado que el debate no se centra en la idoneidad política de la regularización, sino en las garantías del procedimiento. Según advierte, los cambios no despejan todas las incógnitas, especialmente en el caso de que no se logre verificar la información tras agotar todos los plazos previstos.

Además, los sindicatos alertan de un posible colapso operativo. Las estimaciones oficiales apuntan a cientos de miles de solicitudes, mientras que informes internos elevan la cifra potencial por encima del millón de expedientes. Todo ello, denuncian, sin un refuerzo proporcional de recursos humanos y materiales.