Crecen las críticas al discurso del Gobierno sobre una supuesta "conspiración" judicial contra el PSOE

Pedro Sánchez ha reforzado en las últimas semanas una estrategia basada en la resistencia política frente a las polémicas que cercan al entorno socialista. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire Díez y el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han intensificado la presión sobre el Ejecutivo, que denuncia una presunta ofensiva judicial, policial y mediática contra el PSOE.

Desde el Gobierno y sectores afines se insiste en la existencia de una operación coordinada para desgastar políticamente al presidente. Sin embargo, esas acusaciones han generado una fuerte reacción en ámbitos judiciales, donde consideran especialmente grave cuestionar la imparcialidad de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad sin aportar pruebas.

Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial, ha asegurado que acusar a jueces de actuar por motivaciones ideológicas supone señalar directamente la posible comisión de un delito de prevaricación.

"Es una acusación muy grave porque los jueces que dictan resoluciones a sabiendas de su injusticia están cometiendo un delito muy grave dentro de la profesión. Si efectivamente tienen nombres y apellidos de jueces concretos, que los denuncien ante los juzgados", afirma.

Portillo rechaza además la teoría de una supuesta trama organizada dentro del Estado para perjudicar al Ejecutivo. "¿Qué estamos diciendo exactamente? ¿Que la UDEF se ha inventado pruebas? ¿Que policías, guardias civiles, fiscales y funcionarios están coordinados para derribar al Gobierno? Hablar de una conspiración masiva resulta delirante", sostiene.

El magistrado compara esta narrativa con episodios políticos del pasado. "Esto recuerda mucho a Jesús Gil y Gil en los años 90, cuando aseguraba que los jueces querían quitarle la alcaldía de Marbella. Es un discurso muy viejo", señala.

Además, advierte del riesgo institucional que, a su juicio, supone trasladar este tipo de mensajes desde el poder político. "Lo más grave es que estas acusaciones provienen de responsables del Gobierno de España, porque contribuyen a deslegitimar al Poder Judicial ante la ciudadanía y a sembrar dudas sobre la independencia de los jueces", explica.

Portillo defiende que las investigaciones abiertas responden al funcionamiento normal del Estado de derecho. "Jueces independientes, fiscales profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad están investigando la corrupción como siempre han hecho y como seguirán haciendo, pese a quien pese", concluye.