Vídeo: REDACCIÓN | Foto:Telemadrid
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La Policía Nacional investiga la aparición de varios micrófonos ocultos en las oficinas de Quirón Prevención, la compañía para la que presta servicios Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de seguridad realizada en las instalaciones de la empresa, situadas en las proximidades del complejo de Nuevos Ministerios, en Madrid. Durante la inspección se localizaron dos dispositivos de grabación ajenos a los sistemas habituales de la compañía.

Los aparatos fueron encontrados en la tercera planta del edificio, donde se ubican los despachos de la dirección general. En concreto, uno de los micrófonos estaba instalado en una sala de reuniones y el otro en el despacho de un directivo, dos espacios considerados especialmente sensibles por el tipo de información corporativa que se maneja en ellos.

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Según fuentes cercanas a la investigación, los dispositivos no contaban con autorización judicial, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional. La denuncia fue presentada el pasado 23 de junio en una comisaría del norte de Madrid y posteriormente remitida a la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de las diligencias.

La periodista Irene Tabera, de 'OkDiario', ha señalado que este episodio se suma a otros incidentes que han afectado al entorno de González Amador en los últimos meses. Entre ellos menciona el supuesto hackeo de correos electrónicos de sus abogados, una cuestión que investiga el juez Juan Carlos Peinado, así como el robo sufrido por una de sus letradas y por el arquitecto que realizó obras en su vivienda.

Tabera subraya además que González Amador no es trabajador de Quirón Prevención, sino que presta servicios a través de su propia empresa junto a profesionales contratados para distintos proyectos. En este contexto, destaca que los micrófonos fueron localizados en zonas especialmente relevantes para la actividad de la compañía.

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Las fuentes consultadas sostienen que los dispositivos encontrados no guardan relación con ninguna investigación policial autorizada, ya que no corresponden al material habitualmente empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por este motivo, la Policía Judicial tratará ahora de determinar quién los instaló, con qué finalidad y durante cuánto tiempo permanecieron operativos.

La investigación se encuentra en una fase inicial y será el juzgado competente el que supervise las actuaciones una vez reciba las diligencias elaboradas por los agentes.