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Según el auto del magistrado Leopoldo Puente, las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, presuntamente manipuladas por la trama, sumarían como mínimo 550 millones de euros en contratos irregulares.

El juez plantea la hipótesis de que si la mordida o premio económico por estas adjudicaciones hubiera sido del 1% —una cifra poco común pero plausible en este tipo de casos—, el beneficio ilícito ascendería a más de cinco millones de euros.

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Sin embargo, lo más llamativo es que todavía no se ha localizado cerca del 80% de ese dinero. El magistrado no descarta nuevas imputaciones de “personas físicas o jurídicas”, entre ellas el propio Partido Socialista, que podrían haberse lucrado y aún no han sido identificadas.