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El ministro de Transportes, Óscar Puente, habría destinado más de 62.000 euros de fondos públicos para supervisar a periodistas.

Transportes adjudicó contratos para rastrear cualquier información publicada en los medios de comunicación que insultara a Puente.

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De hecho, el propio ministro publicó en redes un listado de presuntos insultos que habría recibido por parte de la prensa.