El Gobierno se personará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria del pasado julio en Ceuta que supuso la entrada de 72.000 personas procedentes de Marruecos.
Lo anunció anoche el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras conocer queTardón acuerda abrir una causa sobre si lo ocurrido en Ceuta fue un ataque de "guerra híbrida" contra España contra la integridad territorial de España, tal y como reconoció el propio presidente Sánchez horas después de la entrada masiva a la ciudad autónoma. Añade en el auto que la invasión NO se podría haber producido sin la colaboración de Marruecos. Hoy el Gobierno aprueba la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada masiva de inmigrantes.
"Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo", ha asegurado en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE recogida por Europa Press.
Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la parcialidad" de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón y ha considerado "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".
"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", ha declarado Puente en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Puente, que ha asegurado que "el deseo del Gobierno" es el de "proteger el territorio español", también ha puesto en tela de juicio que el informe policial se haya dado a conocer públicamente "a través de un medio de comunicación muy conocido por su sesgo derechista".
"Que al final la opinión pública acceda a ese informe por esa vía, cuando el Ejecutivo no había tenido ningún conocimiento de eso, pues resulta verdaderamente extraño", ha continuado Puente, que ha comparado la situación con el caso de Álvaro García Ortiz, inhabilitado y condenado "por la filtración de un correo electrónico que no arrojaba ninguna información fundamental, ni para el país ni para ningún bien digno de especial protección".