Detenido un hombre e investigados otros dos en Toledo por un presunto delito contra la salud pública

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Toledo, en el marco de la operación ALKHARUF, han detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por comercializar carne de cordero procedente de una explotación ovina en la que, supuestamente, se sacrificaban animales sin ningún tipo de control sanitario ni la trazabilidad exigida por la normativa vigente.

Los agentes junto con veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de Toledo, realizaron una inspección en la carnicería regentada por el detenido, donde encontraron varios canales de cordero expuestos para su venta, careciendo de marca sanitaria ni documentación que acreditara su procedencia.

Estas condiciones suponen un grave riesgo para la salud alimentaria y la salud pública, por lo que las carnes fueron inmovilizadas y posteriormente destruidas.

De forma simultánea, otros agentes y veterinarios de la Delegación Provincial de Ganadería de Toledo, realizaron una inspección en una explotación ganadera situada en el término municipal de Mazarambroz (Toledo), de la que presuntamente procedían las citadas canales de cordero.

Animales no apto para el consumo

En el lugar se halló una sala destinada al sacrificio de animales, así como un total de 228 cabezas de ganado −211 ovinos y 17 caprinos− que carecían de identificación y trazabilidad necesaria para determinar su origen.

Tras estas irregularidades y mediante los correspondientes informes veterinarios, se determinó que los animales no eran aptos para el consumo humano, procediéndose a su inmovilización y posterior sacrificio.

Asimismo, dos trabajadores de la explotación ganadera han sido investigados por su presunta implicación en estos delitos contra la salud pública.

Los animales carecían de los controles obligatorios de zoonosis y prevención de enfermedades infecciosas, circunstancia que habría supuesto un grave riesgo para los consumidores y para la salud pública.

La investigación, iniciada a finales del pasado mes de marzo, ha permitido evitar la comercialización de carnes sin las debidas garantías sanitarias, valoradas en aproximadamente 45.500 euros.