Esta mañana de viernes, Mariana y sus tres hijas de 3, 12 y 15 años tendrán que abandonar su casa para siempre ya que previsto su desahucio. Esta mujer no tiene trabajo ni ingresos y hasta ahora, tampoco dispone de una vivienda, pero va a ser desahuciada pese a que el Gobierno ha decidido paralizar los desahucios mientras dure la pandemia
Mariana Cardoso tiene tres hijas, de 3, 12 y 15 años y este es el segundo intento de desahucio que tiene de la casa en la que vive en Tetuán. La unidad antidisturbios de la Policía (UIP) se ha situado en su calle para evitar problemas con la comisión judicial. El 14 de octubre se suspendió el primer intento de desahucio.
Víctima de violencia de género
En octubre consiguió un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales porque se trata de una familia monoparental, con tres hijas a cargo y además víctima de violencia de género por parte de su exmarido. El único ingreso provenía del trabajo de Mariana, en la hostelería, cuyo contrato temporal de 3 meses finalizó el pasado 30 de octubre.
No tiene ninguna alternativa de una casa para vivir porque con un contrato temporal nadie le ha alquilado una casa, y, según explica, ahora sin contrato no puede irse a ningún sitio. Mariana solicitó la suspensión del lanzamiento por un mes pero la respuesta del juzgado es que no había lugar a esa suspensión.
La ley antidesahucios deja fuera situaciones como los contratos compartidos, que es el caso de Mariana, porque el contrato estaba a nombre de su hermana. Ella se fue y se quedó Mariana que le pagaba a su hermana el alquiler y los suministros.
Pago en efectivo sin poderlo demostrar
El piso es de una señora de más de 80 años que tiene más pisos alquilados por todo Madrid por lo que no se le perjudica demasiado. Pero al parecer son los hijos de la dueña los que quieren echarla del piso en el que vive desde hace tres años para subir el alquiler, que ahora está en 450 euros.
Al parecer a la dueña le pagaban en efectivo y no acreditaba de ninguna manera que le estaban pagando el alquiler. Mariana pidió una cuenta para hacer los ingresos pero dice que no se la dieron con lo cual no pueden demostrar que sí ha estado pagando.
La familia la demandó por impago y el proceso se inició hace año y medio. Desde entonces dejó de pagar. Ahora lo que piden es alargar el proceso un mes, dos o tres, para ver si las peticiones a los servicios sociales, a la EMVS y a la Agencia de la Vivienda Social son contestadas y les dan una solución habitacional digna porque no cree que un albergue, lo que le ofrecen, sea lo más adecuado teniendo en cuenta la pandemia.
