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"Ha sido uno de los peores veranos de nuestra historia". Con estas palabras ha resumido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, las consecuencias de los incendios forestales que han asolado la región durante los meses estivales.

En una entrevista concedida a Onda Madrid, Novillo ha hecho balance del virulento fuego iniciado en Burgohondo y Almorox y ha detallado el plan de choque autonómico para transformar el paisaje forestal y evitar futuras catástrofes.

El fuego supuso la evacuación de más de 50.000 personas en suelo madrileño y afectó a 140 viviendas, además de devastar infraestructuras agrícolas en la huerta de Villa del Prado y viñedos de la D.O. Vinos de Madrid justo antes de la vendimia.

A pesar de que la masa arbolada calcinada supera las 24.000 hectáreas en la Comunidad (y más de 70.000 en el cómputo global con las regiones colindantes), Novillo ha destacado como principal consuelo la ausencia de pérdidas humanas.

Riesgo de evacuación masiva y coordinación estatal

El consejero ha justificado la decisión de solicitar en su momento la 'Situación Operativa 3' —el nivel máximo de emergencia estatal— debido al comportamiento inédito de las llamas.

"Los modelos de los expertos preveían la unión de varios focos cruzando el río Cofio y amenazando la Sierra del Guadarrama. El fuego tenía potencial para avanzar hacia Boadilla y Valdemorillo, lo que hubiera obligado a evacuar a más de millón y medio de personas", ha explicado Novillo, defendiendo la necesidad de integrar de forma ágil los recursos del Estado en crisis supraautonómicas.

"El 70% de los montes en Madrid son de propiedad privada y tenemos que incorporar a sus dueños a la gestión forestal activa para que no venga el fuego a gestionarlos por nosotros"

Cambio de la Ley Forestal y adiós a las arizónicas

Novillo ha hecho hincapié en que la respuesta operativa tradicional y las fajas de cortafuegos ya no son suficientes ante la abundancia de masas boscosas continuas y maduras surgidas de repoblaciones de hace décadas. Por ello, ha anunciado un cambio en la Ley Forestal regional para intervenir directamente en el interior de las parcelas.

"El 70% de los montes en Madrid son de propiedad privada y tenemos que incorporar a sus dueños a la gestión forestal activa para que no venga el fuego a gestionarlos por nosotros", ha aseverado.

Además, el Ejecutivo autonómico pondrá el foco en la interfaz urbano-forestal prohibiendo el uso de arizónicas como valla ornamental en urbanizaciones periféricas. Para facilitar este cambio, la Consejería destinará una partida inicial de un millón de euros en ayudas para que los propietarios retiren estos setos, a los que el consejero ha calificado de "auténticos círculos de combustible alrededor de las casas".

Finalmente, el titular de Medio Ambiente ha instado al Gobierno central a modificar la Ley de Montes nacional para propiciar un marco homogéneo entre comunidades autónomas, advirtiendo de que el abandono del medio rural y la continuidad del matorral convierten a los bosques en polvorines si no se actúa a escala de país.

Oposición al reparto migratorio y apoyo a la Ley LÍDER

En el plano político y social, el consejero se ha pronunciado sobre la crisis migratoria en Ceuta. Novillo ha avanzado que la Comunidad de Madrid se opondrá "de facto" al reparto de migrantes adultos planteado por el Ejecutivo central, argumentando el colapso de los centros de atención regionales.

En el caso de los menores no acompañados, ha exigido priorizar la reagrupación familiar en sus países de origen antes de aplicar traslados obligatorios. De cara al inicio del curso político y la próxima celebración del Debate del Estado de la Región, el consejero ha remarcado el papel de la futura Ley de Impulso al Desarrollo Equilibrado de la Región (Ley LÍDER).

Según ha explicado, este texto legal flexibilizará la ordenación del territorio para liberar suelo finalista destinado a la construcción de más de 300.000 viviendas y al desarrollo industrial.

Por último, Novillo ha restar importancia a las críticas de la oposición parlamentaria sobre las operaciones patrimoniales del Ejecutivo autonómico —en referencia a la compra del inmueble de Planifica Madrid—, calificando el asunto de "anécdota" y remitiéndose a las explicaciones que el consejero competente ofrecerá en la Asamblea de Madrid