Miguel Garrido (CEIM) reconoce estar muy preocupado ante los decretos de vivienda

A menos de 24 horas para que el Congreso de los Diputados someta a votación los dos reales decretos ley sobre vivienda, el presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), Miguel Garrido, ha reconocido en Buenos Días Madrid de Onda Madrid que existe una “enorme preocupación” entre los empresarios porque, según sostiene, supondría “cargarse el mercado del alquiler” en unos pocos días, mientras que durante años el Ejecutivo no ha sido capaz de arreglar la crisis de la vivienda.

Con las reformas legislativas que pretende aprobar el Gobierno de PSOE y Sumar, considera que “será muy difícil que las empresas sigan apostando por la inversión inmobiliaria” porque, afirma, “la mayor parte de las cargas va para ellos”. Además, vaticina que sucederá lo mismo con los particulares.

Sobre las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificando como “pyme buitre” a la empresa propietaria de la casa donde residía Maricarmen, Miguel Garrido carga contra el Ejecutivo. “La animadversión del Gobierno con quienes crean empleo y riqueza no tiene límites, y si es para complacer a grupos que se reúnen en algaradas por las calles son capaces de todo”.

En cuanto a las posibles soluciones a la actual crisis de la vivienda, la “receta” del presidente de CEIM pasa por liberalizar el suelo, reducir drásticamente tanto los requisitos administrativos como los plazos, amplificar la edificabilidad y bajar la fiscalidad. Recuerda que dentro de los costes de un inmueble “más del 30% corresponden con impuestos”.

Se pregunta por qué en muchas zonas de Madrid solo puede construirse 3 alturas si hay una necesidad perentoria de levantar un nuevo tipo de vivienda”. Y explica que las grandes operaciones urbanísticas de Madrid, como Madrid Nuevo Norte o Campamento, implican 10 o 20 años desde que se pone en marcha una promoción y una persona llega a vivir a una casa.

Garrido, en cualquier caso, reconoce que España afronta un problema “enormemente complejo”, por ello, defiende un gran pacto de Estado en el que estén implicadas todas las administraciones, además de las principales fuerzas políticas.