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El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha analizado en el Buenos Días de Onda Madrid algunas de las causas judiciales en las que ejercen la acusación popular, entre ellas el ‘caso Plus Ultra’, el ‘caso Leire Díez’ o la pieza separada por la presunta financiación irregular del Partido Socialista. En relación con todas ellas, según este abogado, Pedro Sánchez es la pieza que falta.

“Todo el mundo sabe que la pieza que falta en el medio del puzle es Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, sin embargo, advierte Pardo, es muy complicado llegar hasta él porque para que un presidente del Gobierno sea imputado por el Tribunal Supremo es necesario un suplicatorio que solo puede conceder el Congreso de los Diputados. “En el caso de ser votado el suplicatorio y sea rechazado por el Congreso se dictará sobreseimiento libre sobre la causa”. La clave está en que el sobreseimiento libre se equipara a una sentencia absolutoria, por lo que el proceso penal ya no podría reabrirse por los mismos hechos contra Pedro Sánchez.

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En cuanto a la denominada ‘ley de nietos’ lamenta que ningún partido político “haya movido un dedo” hasta que Iustitia Europa presentó el pasado 28 de junio una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC). Antes de esa fecha, recuerda, solamente una asociación había recurrido la instrucción, pero fue inadmitida por falta de legitimación.

Ante la posibilidad de que esta cuestión llegue al Tribunal Constitucional antes de las elecciones generales, el abogado explica que él presentó un recurso ordinario que al tratarse del orden contencioso-administrativo tiene plazos que, mínimo, implican un año y medio. Pero, por otro lado, Vox inició otro procedimiento por vulneración de derechos fundamentales que conlleva plazos sumarios y preferentes, es decir, “los plazos se acortan y eso podría dar lugar a una sentencia del Tribunal Supremo a finales de diciembre o enero, que da la posibilidad de recurrir en amparo ante el TC que sí podría suspender los efectos de la sentencia de forma cautelar hasta resolver el fondo del asunto”.

Luis María Pardo sostiene que la instrucción elaborada por Sofía Puente va contra la ley, por tanto, “hay que declarar nula la instrucción” y añade: “Se ha vulnerado la seguridad jurídica, también derechos fundamentales, pero lo principal es que la instrucción no puede ir contra la ley”.

Luis María Pardo defiende abrir un debate para emprender determinadas reformas del ordenamiento jurídico, incluso de la propia Constitución, “para dotarnos de una verdadera democracia con contrapesos”. En este sentido, “afirma que la inmunidad se ha convertido en la impunidad para el delito”. Considera que los políticos únicamente deben gozar de aforamiento en cuestión de libertad de expresión en el ejercicio del cargo, pero no que se convierta en una protección para las investigaciones judiciales.