El exchófer de Sánchez era quien canalizaba las 'mordidas' en contratos con Adif

Cristian Corvillo es un militante socialista cordobés que acompañó a Pedro Sánchez en algunos de sus desplazamientos durante las primarias del PSOE de 2017, en las que el actual presidente del Gobierno recuperó el liderazgo del partido. Su nombre ha vuelto ahora a la actualidad después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su domicilio en Córdoba y lo detuviera en una nueva operación relacionada con el caso Koldo.

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Corvillo es uno de los seis arrestados en una investigación que busca esclarecer un posible sistema de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Los investigadores analizan 11 contratos concedidos entre 2018 y 2021 por Adif y la Dirección General de Carreteras, cuyo importe conjunto ronda los 900 millones de euros.

La actuación contra el militante socialista se enmarca en una pieza separada y secreta de la Audiencia Nacional. La UCO practicó actuaciones en cuatro puntos: el domicilio de Corvillo en Córdoba, la sede de la constructora AZVI en Sevilla y la vivienda de Ábalos en Valencia, donde reside su actual pareja. En Madrid, los agentes acudieron a la sede de Adif para solicitar documentación relacionada con las adjudicaciones investigadas, aunque en este caso no se trató de un registro.

Los contratos de obra pública bajo sospecha

Uno de los focos de la investigación está puesto en cinco contratos adjudicados a Acciona. Según las pesquisas, los agentes han detectado modificaciones que elevaron hasta un 20% el presupuesto inicial de algunas obras, incluso antes de que comenzaran los trabajos.

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También está bajo la lupa la empresa sevillana AZVI, que obtuvo dos importantes contratos vinculados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla: la renovación del tramo Guadalmez-Córdoba, por unos 52 millones de euros, y actuaciones relacionadas con desvíos de vía, por otros 53 millones. La compañía contrató a Koldo García como asesor por unos 6.000 euros mensuales, una relación económica que los investigadores examinan para determinar si pudo encubrir pagos vinculados a las adjudicaciones.

La tercera empresa que aparece en las pesquisas es Áridos Anfersa, a la que se adjudicó el suministro de balasto para las vías de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla. Durante el periodo de vigencia de ese contrato, la empresa incorporó a su plantilla a Patricia Úriz, entonces pareja de Koldo García. La obra no llegó a completarse.