Óscar López, cuestionado por un desahucio de Muface tras defender que no se repita el caso de Maricarmen

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avaló el fin del contrato de alquiler de un inquilino de una vivienda propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), cuyo desalojo podría ejecutarse próximamente. El afectado vive en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, justo enfrente del piso del que fue desalojada Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo del debate sobre la vivienda.

Según ha publicado Artículo 14, el conflicto se remonta a un contrato de arrendamiento firmado el 24 de febrero de 1988 por la madre del actual inquilino. Tras su fallecimiento, el 10 de junio de 2025, su hijo solicitó continuar en la vivienda, en la que residía desde hacía años para cuidar de ella durante su enfermedad.

Muface, propietaria del inmueble, autorizó la subrogación del contrato, pero únicamente hasta el 24 de febrero de 2026, fecha en la que debía abandonar el piso. El hombre recurrió esta decisión al considerar que tenía derecho a mantener el alquiler en las condiciones del contrato original.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido sus medidas para proteger a los inquilinos vulnerables

El recurso de alzada fue desestimado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en una resolución fechada el 11 de enero. El documento, según la información publicada, lleva la firma de Óscar López y, por delegación, la del secretario general técnico del departamento. La resolución confirmó la extinción del contrato y la obligación de entregar la vivienda una vez vencido el plazo.

El caso ha vuelto a poner el foco sobre el discurso del PSOE en materia de vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido sus medidas para proteger a los inquilinos vulnerables y ha situado la lucha contra los desahucios entre sus prioridades, mientras que Óscar López criticó duramente el desalojo de Maricarmen y reclamó que situaciones como la suya no volvieran a producirse.

La coincidencia entre ambos casos resulta especialmente significativa por la proximidad de las viviendas y por el papel del ministro en la resolución administrativa que afecta al inquilino de Muface. La situación ha abierto un nuevo frente político en torno a la gestión de los inmuebles públicos y la protección de quienes residen en ellos.