Montero dice en el Senado que las medidas económicas para paliar la guerra dependerán de los precios

La vicepresidenta y ministra Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán se adoptarán en "sucesivos consejos de ministros" en función de la evolución de los precios de la energía.

Con ese objetivo de atender las consecuencias de la subida de los precios y apoyar al tejido productivo, el Gobierno monitoriza el precio del crudo y otras materias primas, ha apuntado Montero en una comparecencia en el Senado.

La vicepresidenta comparecía para explicar cómo se van a financiar 10.471 millones de euros del Plan de Seguridad y Defensa, con los que España cumple con el compromiso de destinar el 2 % del PIB a defensa en 2025, ha recordado.

Montero ha apuntado que, tal y como se detalló el pasado año, esa inversión se financiará principalmente con ahorros derivados del buen desempeño de la economía, el uso de créditos presupuestarios que no tienen continuidad y reasignaciones presupuestarias de partidas ya ejecutadas.

El Gobierno, ha añadido Montero, tiene la intención de mantener la inversión en defensa en el 2 % del PIB -2,1 % del PIB este año, ha puntualizado-, unos recursos que "se acompañarán" de las medidas de urgencia necesarias para atender a las "consecuencias no deseadas de la guerra".

Montero descarta un cambio en la regla de gasto de las autonomías para flexibilizar el acceso al superávit

María Jesús Montero, ha descartado este miércoles una modificación en la regla de gasto público que tienen las comunidades autónomas para poder flexibilizar el acceso de los territorios al superávit que generan.

Ese cambio de la regla de gasto es una petición que el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomeram, que ha planteado a la vicepresidenta en la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta.

En concreto, Chinea plantea la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto para las administraciones de aquellas comunidades autónomas que, como Canarias, disfrutan de una situación financiera saneada y un bajo nivel de endeudamiento.

Montero ha argumentado que el Gobierno puede estar abierto a que haya situaciones en las que las comunidades utilicen los remanentes que les quedan del Presupuesto para determinadas inversiones, pero ha descartado la modificación en sí de la definición de los parámetros fiscales dictados en los reglamentos europeos y en la Ley de Estabilidad Financiera.

"Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando", ha argumentado durante su comparecencia.

La vicepresidenta ha recordado que las reglas fiscales estuvieron suspendidas cuatro ejercicios con motivo de la pandemia,

La titular de Hacienda también ha defendido que el interés de la regla de gasto es que haya una coherencia y no haya un riesgo o una "tentación" de que determinados gobiernos, "en su coyuntura de gobierno, endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo".

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que las reglas fiscales estuvieron suspendidas cuatro ejercicios con motivo de la pandemia, por lo que las autonomías pudieron usar el superávit acumulado "sin ningún tipo de cortapisa ni requerimiento" sobre el destino al que se destinaba ese dinero.

A renglón seguido, la ministra ha expuesto que mediante un decreto ley en 2025, con las reglas fiscales ya vigentes, se aprobó utilizar el superávit para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.