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Este jueves el Congreso ha avalado la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ con las propuestas de PSOE y PP. Deberá aprobarse en el Pleno y después en el Senado, para poder entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo, según está previsto.

El programa 120 Minutos de Telemadrid ha entrevistado a Emilia Zaballos, abogada y fundadora de la Asociación de Afectados por la Ley de 'solo sí es sí', que recuerda que "en la modificación no se va a tocar el consentimiento".

Ocho meses después de la aprobación de la Ley, la reforma ha salido adelante con 233 votos a favor, 59 rechazos y cuatro abstenciones. Emilia Zaballos declara que "aunque esta reforma llegue tarde, es una solución coherente que puede ayudar a la ciudadanía y a las víctimas, que es lo que importa, que las víctimas estén protegidas".

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"En esta vida, el derecho es lógica, y si el Ministerio de Igualdad considera que lo que teníamos está bien, no tendríamos casi mil reducciones de condenas y violadores en la calle, quiere decir que un error hay", expresa. "El problema no es cometer un error, sino mantenerse en el error mucho tiempo".

"Las personas que están en contra de la reforma no se dan cuenta de que hay que corregir y subsanar lo antes posible, porque mientras esté en vigor, todos los que se beneficien va a ser irreversible, de ahí la urgencia".

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Según Zaballos, "lo único que se pide es que haya tranquilidad para las víctimas, que se consigue sabiendo que sus violadores van a tener unas penas de acuerdo al delito cometido. Se pide que se vuelvan a tener en cuenta los agravantes de violencia e intimidación, lo que hay que hacer es subir las penas para que no se puedan beneficiar los que ya han sido condenados".

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Considera que con esta modificación "fruto de la coherencia de nuestros políticos", "esto si es una ley bandera, un antes y después para tratar las agresiones sexuales". La tarea pendiente, según la Asociación, es la indemnización de las víctimas de los errores de la ley del 'solo sí es sí': "Trabajamos por la derivación de responsabilidades, que todos somos responsables de los daños de nuestro trabajo, y pedimos responsabilidad patrimonial del Estado para las víctimas que sufrieron los hechos, los juicios y ahora los efectos de una ley que se vendió como mayor protección".

"El Estado debe indemnizar a las víctimas por los errores de esta ley, tiene que haber una responsabilidad política. Ellos, políticos y políticas, están ahí porque son empleados nuestros y tendrían que protegernos con dignidad y respeto, lo que están haciendo con la ley no ha sido así", concluye la abogada.