El abogado general de la UE cuestiona los plazos de la amnistía pero no cree que vulnere normativas

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann avaló este jueves los principales puntos de la ley de amnistía, al considerar que no plantea perjuicios para las finanzas europeas y que responde al interés general, aunque cuestionó algunos aspectos procedimentales de la norma.

El letrado se pronunció sobre las cuestiones prejudiciales que le plantearon el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los delitos de terrorismo, en unas conclusiones que no son vinculantes pero que guían al Tribunal de Justicia de la UE a la hora de dictar su sentencia, todavía sin fecha.

"No recoge ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por la Unión"

Spielmann aseguró que la jurisprudencia del TJUE "no permite establecer un vínculo de conexión directa entre las actividades ilegales objeto del litigio principal y los recursos propios de la Unión".

En primer lugar, porque en su auto de remisión, el Tribunal de Cuentas "no recoge ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por la Unión" para promover la independencia de Cataluña.

Y en segundo lugar, refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas -que comparte el Tribunal Supremo al no aplicar la amnistía al delito de malversación, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont - de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su aportación al presupuesto comunitario.

La amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales"

Siguiendo este criterio, señaló el abogado general, se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario.

Autoamnistía

En contra de la Comisión Europea, Spielmann negó que la ley del olvido pueda considerarse una "autoamnistía" porque es "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista".

La amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación", dijo el abogado general.

El Ejecutivo comunitario evitó hoy pronunciarse sobre las conclusiones del abogado general, alegando que el TJUE aún debe pronunciarse sobre la amnistía. Terrorismo

El abogado general tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque "conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el letrado, la amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente.

Aspectos procedimentales

Pese a avalar los principales aspectos de la amnistía, el abogado general también cuestionó algunos de sus aspectos procedimentales, principalmente los dos meses de plazo que la ley da a los jueces para que decidan si deben aplicarla, porque "podrían ser incompatibles" con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Respecto a este punto, dijo que sería contrario al derecho comunitario siempre y cuando "dicho plazo, con carácter perentorio, impida al órgano jurisdiccional nacional acordar las diligencias probatorias necesarias" para dictar el fallo.

A este respecto, recordó que el Gobierno español ha apuntado que el plazo de dos meses que contempla la ley "es estrictamente indicativo", por lo que su incumplimiento "no parece acarrear la imposición de sanciones disciplinarias" a los jueces. Y dejó en manos del Tribunal de Cuentas apreciar si los dos meses son un plazo "excesivamente corto" que le impidan analizar todas las pruebas necesarias para dictar su sentencia.

Del mismo modo, el abogado general dijo que obligar a los jueces españoles a dictar una sentencia absolutoria y alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en un máximo de dos meses, antes incluso de que el TJUE se pronuncie sobre el caso, es contrario al derecho comunitario porque "privaría al procedimiento prejudicial de todo efecto útil".

La cúpula del PP sale en tromba a denunciar que la ley de amnistía "choca con los principios del Derecho de la Unión"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía constituye un "nuevo varapalo" para el Gobierno de Pedro Sánchez porque esa norma "choca con el derecho europeo". A su entender, "todo el sanchismo se desmorona".

Aparte del 'número dos' del PP, casi toda la cúpula del PP ha salido en tromba a denunciar este jueves que "la ley de amnistía "choca con los principios del Derecho de la Unión", tras conocer ese informe el letrado del TJUE.

Se trata de una opinión completamente distinta a la del Ejecutivo, que ha tildado esa resolución de "victoria rotunda", en palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien cree además que el tiempo les da la razón.

En concreto, el Abogado General del TJUE ha concluido que algunas de las disposiciones de la ley de amnistía a los líderes del 'procès' catalán pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--.

No obstante, descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

Puigdemont cree que el abogado del TJUE evidencia la "indecente estrategia" de bloquear la ley de amnistía

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, señaló este jueves que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad y a todos".

Así lo indicó Puigdemont en sus redes sociales, después de que el Abogado General Dean Spielmann realizase un informe en el que avala la mayor parte de la amnistía, aunque cuestionase los plazos de la misma.

En este sentido, apuntó que el abogado general del TJUE "ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad y a todos, desde los acusados falsamente de terroristas hasta los acusados, y en algunos casos condenados, por una malversación inexistente".

Por esto, justificó, Junts se tuvo que "plantar" ante el primer redactado de la ley de amnistía, porque "excluía personas y porque sospechábamos que dejaba demasiados agujeros" para que un día la UE "la revirtiera y, oh qué pena, algunos quedasen excluidos de la ley", entre ellos él mismo y el diputado de Junts Lluís Puig.

"No olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria y que, para ellos, el encargo que les hizo alguien que tendría que haber sido juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la Unión Europea"

Recordó que se criticó "mucho" a su partido por aquella decisión, pero la tomó con la mirada puesta en el TJUE y no en el "titular del día siguiente", pese a que ya sabe que esto último "es lo que ahora mismo mueve la reputación de la política, de los partidos y de los políticos". "La ley de amnistía no se aplica en su totalidad ni a todos", añadió.No se aplica, continuó, no porque la ley "no sea democrática, constitucional y de acuerdo con el derecho europeo", sino porque "hay una instrucción a la cual obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo, algunas entidades tan oscuras y opacas como la Sociedad Civil Catalana, por cierto, aliada del PSC en todas las batallas, y Vox, que actúa de acusación popular".

La opinión del abogado general del TJUE, continuó Puigdemont, es "muy explícita y muy bien fundamentada", pero "no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria y que, para ellos, el encargo que les hizo alguien que tendría que haber sido juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la Unión Europea".

"No estamos tratando con la justicia belga, alemana, italiana o francesa, estamos tratando con la española y los que tenemos memoria y experiencia sabemos de qué son capaces", concluyó el expresidente catalán y líder de Junts.