APIF, sobre el juicio a García Ortiz: "Cualquier fiscal de España estaría suspendido de sus funciones"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado a partir de este lunes en el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de información sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Será la primera vez que un fiscal general se siente el banquillo y, previsiblemente, hará uso de su derecho a sentarse junto a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ataviado con toga.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce acusación popular, solicita seis años de cárcel para el fiscal general por un delito de revelación de secretos, además de 12 años de inhabilitación.

"Estamos en una situación absolutamente paradójica porque cualquier fiscal de España estaría suspendido en sus funciones por el fiscal general del Estado y, en cambio, el fiscal general del Estado permanece incólume en el ejercicio íntegro de su función como máximo responsable y jefe de todos los fiscales de España", ha explicado Miguel Pallarés, fiscal y presidente de APIF, en 120 Minutos.

Pallarés defiende que, desconoce cuál va a ser "el sentido del fallo" pero que lo que "han peleado desde el principio es que la institución que representa el Fiscal General del Estado tiene que ser una institución que se base en la imparcialidad y en la legalidad": "No solamente hay que serlo, sino también parecerlo".