(Actualizado

Agentes de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid han desarticulado un grupo criminal especializado en estafas mediante tarjetas de crédito falsificadas en una operación que ha supuesto la detención de nueve personas.

De los nueve detenidos, tres son mujeres, una española, una cubana y una rumana, y seis hombres, todos ellos de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, según una nota del instituto armado.

Las nueve personas han sido arrestados por su presunta implicación en los delitos de falsificación de tarjetas de crédito, estafa, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal en el marco de una operación denominada "Gandastar".

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del principal cabecilla del grupo, que contaba con expertos informáticos en la clonación de tarjetas de crédito.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre, tras la detención de una ciudadana rumana, que llamó la atención de una empleada de un centro comercial de Rivas Vaciamadrid, por el gran número de tarjetas de crédito que exhibió cuando iba a pagar una importante compra de artículos de tecnología.

La trabajadora alertó a los servicios de seguridad del centro comercial que a su vez avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes averiguaron que las tarjetas de crédito eran clones muy sofisticados y sus titulares eran ciudadanos residentes en Estados Unidos, Israel o Rumanía.

Las pesquisas, que se centraron en torno a esta mujer y el círculo que frecuentaba, revelaron que la organización estaba "perfectamente estructurada" y que la investigada era una de las mujeres que se utilizaban para realizar las compras con las tarjetas clonadas.

El grupo recibía, encriptadas, las numeraciones de las tarjetas, que pertenecían a personas que habían sufrido algún tipo de hurto o robo en su país de origen, y realizaba las clonaciones, que facilitaban a las mujeres para realizar las compras.

Las mujeres eran trasladadas hasta los centros comerciales por chóferes que estaban encargados de vigilarlas y de transportar la mercancía, que con posterioridad se ponía a la venta a la mitad de su precio.

En otras ocasiones, actuaban en connivencia con trabajadores de establecimientos, utilizando en estos lugares tarjetas sustraídas, algunas de ellas, correspondientes a la Seguridad Social.

Por realizar esta actividad, los encargados de mandar las numeraciones se hacían con el 60 por ciento de los beneficios, mientras que el 40 por ciento restante era repartido entre el grupo criminal desmantelado en España.

En el marco de esta operación se realizaron cuatro registros domiciliarios en Torrejón de Ardoz y Madrid, que se saldaban con la intervención de gran cantidad de material informático, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y diverso material para estudio.