Solo en el primer trimestre del año se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas discapacitadas. Generalmente, es el ánimo de protección lo que lleva a los familiares a pedir autorización para poder llevarla a cabo. Sin embargo, esta práctica está generando controversia entre los expertos.
La esterilización queda despenalizada en España en el artículo 156 del Código Penal cuando la persona "adolezca de grave deficiencia psíquica" y la práctica "haya sido autorizada por el juez". En 2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no precisa si se resolvieron favorablemente o no.
Sin embargo, la esterilización es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008- que habla de que "las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás".
"La inmensa mayoría de familias se mueven por ese pensamiento establecido de que se hace para proteger", explica la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, "pero en última instancia es una intervención invasiva e inadmisible en el cuerpo de estas personas".
