La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones nigerianas que explotaban sexualmente a más de cincuenta mujeres, algunas menores, en una operación en la que ha detenido a treinta personas en Torrevieja y Orihuela (Alicante), Cartagena (Murcia), Alcalá de Henares (Madrid) y Valencia. Dieciocho de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial, informa la Dirección General de la Policía.
Los agentes han liberado a dieciocho víctimas que eran obligadas a ejercer la prostitución durante más de doce horas diarias en Torrevieja, donde se encontraba asentada la red que era dirigida desde Ceuta.
También liberaron en la frontera de Ceuta a una menor embarazada mientras que otra víctima fue rescatada en Guadalajara. Entre las dos organizaciones se distribuían las zonas en las que colocaban a las víctimas y pactaban los precios con el fin de controlar todo el negocio y evitar posibles competidores, actuando como auténticos cárteles.
Buena parte de los beneficios obtenidos de la explotación de las mujeres se enviaban clandestinamente a Nigeria y la Policía ha detectado que manejaban cantidades de dinero enormes y en concreto movimientos de dinero de más de un millón de euros. Una parte del dinero enviado a Nigeria era distribuido entre responsables de las organizaciones y la otra destinada a la financiación de nuevas operaciones de trata y explotación de mujeres.
La investigación comenzó hace más de un año a raíz de una denuncia presentada en Málaga por una mujer de origen nigeriano que relató a los agentes cómo había sido capada en su país y llevada a España, donde la habían obligado a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje.
Los investigadores localizaron a una mujer nigeriana que tenía a su cargo a varias compatriotas a las que controlaba en el ejercicio de la prostitución. La mujer se relacionaba con un importante número de personas de la misma nacionalidad y tras una minuciosa labor de investigación se comprobó que formaban parte de un amplio entramado criminal dividido a su vez en dos organizaciones dedicadas a la explotación sexual de mujeres.
Estaban liderada por cinco mujeres y cada una de ellas controlaba a su propio grupo de víctimas en el ejercicio de la prostitución, compartiendo incluso a algunas de las explotadas. En el momento de las detenciones una de ellas, que residía habitualmente en Reino Unido, se encontraba en Torrevieja viviendo en una caravana con la finalidad de controlar a una de sus víctimas, de 16 años, a la que había convencido para que se fugase de su familia de adopción con la que vivía en Francia.
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en la calle todos los días desde las siete de la tarde hasta primera hora de la madrugada del día siguiente y no podían regresar al domicilio en el que vivían con los tratantes hasta que les dieran permiso. Una vez en las viviendas tampoco podían descansar pues sus tratantes las obligaban a trabajar como cuidadoras de ancianos y a limpiar y a cocinar para ellos.
Si desobedecían sus órdenes y no obtenían el dinero suficiente por sus servicios sexuales las castigaban a alimentarse exclusivamente de pan y eran sometidas a rituales vudú en los que tragaban agua sucia con arena o tenían que caminar desnudas por los patios de las casas en las que residían.
Además eran sometidas a todo tipo de agresiones y vejaciones llegando una de las proxenetas a amenazar de muerte a una de las víctimas en presencia de los policías en el momento de la detención si se atrevía a denunciarla.
Además la red utilizaba la influencia de un líder espiritual, pastor de una iglesia de Torrevieja que conocía la situación de las víctimas y ocultaba en su iglesia su documentación, lucrándose con los beneficios obtenidos de su explotación.
Las explotadas se veían obligadas a pagar al pastor para ser perdonadas por ejercer la prostitución. En las investigaciones ha colaborado Europol, que ha canalizado las investigaciones de las conexiones que ambas organizaciones tenían en Suecia, Finlandia, Reino Unido, Italia y Francia.
