Save the Children alerta de que las denuncias por delitos sexuales digitales aumentaron un 13%

Save the Children recordó que, en los últimos años, Internet ha dado lugar a nuevas formas de violencia propias del entorno digital. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 954 denuncias por delitos sexuales digitales contra niños y niñas, cifra que ha aumentado hasta las 1.078 denuncias en 2024, lo que supone un crecimiento del 13%, donde las chicas siguen siendo las principales víctimas, representando el 68,6% de los casos, y estos delitos suponen ya el 84,2% del total de la criminalidad sexual en Internet.

En este contexto, Save the Children ha presentado este jueves 29 de enero un nuevo análisis, 'Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital', basado en el estudio de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de online grooming ocurridos en el periodo 2023-2024 en España.

Todos ellos judicializados y con resolución, que reflejaron solo una pequeña parte de los casos de violencia que se producen en el ámbito digital."El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas", señaló directora de Influencia y Desarrollo Territorial, Catalina Perazzo.

El informe indica que la edad media de las víctimas es de 13 años, y que las niñas siguen siendo mayoría, 60,7%. El agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales. En cuanto a la relación con la víctima, el informe identificó que el 41,7% de los agresores pertenece al entorno conocido, el 33,3% son personas desconocidas, y el 25% corresponde al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.

Save the Children mostró su "preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual digital contra la infancia y la adolescencia. En el periodo analizado, más del 60% de los casos duran tres años o más y un 14% supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización. Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática".

"Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. En el artículo 499 ter de ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarla a los mayores de esa edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien", afirmó Perazzo.

El online grooming es un delito que se produce cuando una persona adulta contacta con una niña, niño o adolescentes a través de Internet, redes sociales, videojuegos u otras plataformas digitales con el objetivo de involucrarles en actividades de carácter sexual. Se trata de una forma de abuso sexual infantil a través de las tecnologías que, al igual que sucede en el abuso sexual físico, se basa principalmente en el engaño, la manipulación y el establecimiento de una falsa relación de confianza.

"Estos delitos pueden tener como finalidad la obtención de imágenes o vídeos de contenido sexual, la realización de actos sexuales en el entorno digital o la preparación de encuentros fuera de la red. El agresor suele seguir un proceso que incluye el aislamiento de la víctima, la evaluación del riesgo para evitar ser descubierto y la introducción de peticiones sexuales, que en muchos casos se producen de forma cada vez más rápida e inmediata, tal y como recoge el informe 'Redes que atrapan'", expliciaron desde la organización.

Save the Children recordó que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (Lopivi) "establece la necesidad de una justicia especializada para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas. Sin embargo, el análisis de los casos recogidos en el informe evidencia que persisten importantes carencias en el proceso judicial que dificultan una respuesta adaptada a las necesidades de la infancia".

Además, señalaron que es necesario ampliar el número de secciones especializadas en violencia contra la infancia, garantizando un número suficiente en todo el territorio. Actualmente la normativa prevé la creación de solo tres secciones especializadas en todo el Estado, una cifra insuficiente para atender a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas; fiscalías especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia que participen en todos los procesos donde haya infancia víctima, diferenciada de la especializada en protección de menores infractores; equipos técnicos especializados en infancia y adolescencia que auxilien a jueces y magistrados.

También precisaron que la necesidad de una formación obligatoria para todos los operadores jurídicos, incluyendo de forma específica las violencias en el entorno digital; uso sistemático de la prueba preconstituida, evitando que niños y niñas tengan que repetir su testimonio.

La obligatoriedad para la grabación del testimonio debe extenderse a los menores de edad mayores de catorce años, de modo que se asegure una protección efectiva frente a la revictimización en todas las edades; y asegurar las competencias para garantizar que los casos de violencia sexual contra niñas, incluida la ejercida en entornos digitales, recaigan en las secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia, incorporando la perspectiva de género, para atender a las necesidades específicas que tienen las niñas víctimas respecto a las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia, o la relación con la persona agresora.

Save the Children apuesta por extender el modelo Barnahus a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital. Este modelo permite una respuesta integral, especializada e institucional, centrada en los derechos de la infancia y en promover su interés superior, reduciendo la victimización secundaria.