Instituciones y sociedad civil han recordado en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad la necesidad de avanzar en la integración de este colectivo. La ONU celebra la jornada este año con el lema "La importancia de la inclusión: acceso y empoderamiento para las personas de todas las capacidades".
El Gobierno muestra su firme compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y recuerda que España fue el primer país de Europa Occidental y el segundo del mundo en ratificar la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo. En España, cerca de cuatro millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, de los que seis de cada diez son mujeres.
El Defensor del Pueblo anima a seguir trabajando por los derechos y las reivindicaciones de las personas con discapacidad para garantizar su plena inclusión en la sociedad. Destaca, en un comunicado, algunas de las recomendaciones formuladas por la institución como la de adoptar medidas normativas y presupuestarias para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se hace de acuerdo con los principios de la ONU.
El PP expresa, a través de un manifiesto, su firme compromiso con la discapacidad y con el objetivo de alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, encaminada a su plena inclusión social y laboral.
En otro manifiesto, el PSOE destaca que esta celebración coincide con la recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace hincapié en la necesidad de su empoderamiento y de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad.
El sindicato CCOO reclama una "nueva política adaptada" de empleo para personas con discapacidad y un compromiso más activo de las autoridades laborales en la exigencia del cumplimiento por parte de las empresas de la cuota de reserva del 2 por ciento para este colectivo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lamentado que las personas con discapacidad "siguen en una situación generalizada de exclusión social, permanente y estructural, sometidas a discriminaciones y negaciones múltiples y reiteradas de los derechos humanos".
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) se ha unido a la petición del Cermi de reformar la Constitución para que los derechos sociales, económicos y culturales sean considerados fundamentales.
El Consejo de la Juventud de España pide medidas efectivas para la inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos, como una educación no segregadora, la eliminación de barreras arquitectónicas en el diseño urbano y la construcción de una red de servicios sociales y sanitarios especializados en todas las comunidades.
