La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la explotación sexual, que obtenía 50.000 euros de cada mujer a la que introducía ilegalmente en nuestro país. Las víctimas son jóvenes nigerianas captadas con falsas promesas de trabajos dignos bien remunerados, que una vez en España eran obligadas a ejercer la prostitución en la vía pública bajo amenazas y coacciones.
Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, las investigaciones comenzaron cuando los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado de proxenetas que operaba en Barcelona y su provincia.
No obstante, los investigadores averiguaron que algunos de sus miembros actuaban en Guadalajara e Islas Baleares y que contaban con ramificaciones en Nigeria, Marruecos y Austria y comprobaron que esta organización estaba formada por ciudadanos nigerianos que se dedicaban a la trata de mujeres de nacionalidad nigeriana.
La red investigada captaba a mujeres nigerianas jóvenes en su país de origen, prometiéndoles trabajos bien remunerados en Europa que mejorarían su precario nivel de vida. Sin embargo, el objetivo real no era otro que introducir a las víctimas de manera ilegal en el viejo continente para obligarlas a ejercer la prostitución para lo que les proveían de la documentación necesaria, previamente falsificada en España, y organizaban el viaje vía Francia hasta nuestro país.
UNA DEUDA DE 50.000 EUROS
Una vez en España la red de proxenetas informaba a las mujeres de que el trabajo prometido no existía y que habían adquirido con la organización una deuda de 50.000 euros en concepto de gastos de viaje y documentación. Para saldarla las obligaban bajo amenazas a ejercer la prostitución en la vía pública.
Después de un amplio dispositivo policial desplegado en varios puntos de la geografía española, los investigadores consiguieron localizar a los miembros de la banda y sus lugares de residencia en las provincias donde las mujeres nigerianas eran obligadas a ejercer de la prostitución.
Finalmente fueron arrestadas tres personas en la provincia de Barcelona y un más en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Además se practicaron dos registros en los que los agentes incautaron documentos contables y de justificantes de ingresos bancarios relacionados con la actividad ilícita.
