Nueve temporeras inmigrantes, las cuales forman parte del contingente de mano de obra extranjera que viene para trabajar en la campaña fresera, han denunciado ante la Guardia Civil posibles casos de abuso laboral y cuatro de ellas por supuesto acoso sexual en una finca fresera de Almonte (Huelva). Estas denuncias se suman a la que interpuesta por un posible delito de abuso laboral y sexual en una finca de Moguer (Huelva).
Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, y el secretario general del SAT, Oscar Reina, quienes han acudido a la Inspección de Trabajo de Huelva acompañando a las temporeras que habrían sufrido esas situaciones.
Cañamero y Reina han criticado el "acoso continuado" a las que se ven sometidas temporeras de la campaña de la fresa y han pedido a las administraciones que "no se tapen los ojos" ante esta realidad y actúen para defender los derechos de estas personas.
De este modo, ambos han precisado que cuatro de ellas han relatado presuntos abusos sexuales y el resto han denunciado posible abuso laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo. Así, Cañamero y Oscar Reina han solicitado a las administraciones que den protección a las mujeres que han denunciado posibles casos de abusos laborales y también de índole sexual.
Algunas de las afectadas han contado a los medios su situación y han narrado las "situaciones de maltrato" a las que supuestamente se enfrentan, indicando que algunas han sido "amenazadas" para mantener sexo o han visto vulnerada su intimidad.
De este modo, desde el SAT se han referido a la situación vivida en esta finca de Almonte, donde incluso las temporeras habrían sufrido supuestamente represalias por haber denunciado previamente las "malas condiciones laborales". Concretamente, el sindicato ha alertado de que muchas mujeres han sido presuntamente "retenidas" al objeto de "enviarlas a su país de origen días antes de la fecha prevista" como consecuencia de esta denuncia.
De hecho, Reina ha relatado que las denuncias interpuestas por estas trabajadoras "pusieron nerviosos a los patronos" y "no dejaban a las mujeres salir" por lo que estaban "retenidas" en la finca almonteña.
Por su parte, Cañamero ha dejado claro que el SAT ha ofrecido su protección a las temporeras y ha pedido a la Junta que proteja a las denunciantes. Además, ha solicitado más inspectores en los campos, elecciones sindicales para poder proteger a los trabajadores eventuales y que los empresarios que comentan incumplimientos no reciban fondos de la Política Agraria Común.
Cañamero ha alertado de que las temporeras viven en condiciones "indignas" e incluso tienen que pagar "dos y tres euros diarios" por la luz y demás servicios, así como ha comentado que tampoco reciben el salario prometido ya que "algunas no saben ni cuánto cobran", lo que hace que en la campaña agrícola se tenga una mano de obra "sumisa".
LA EMPRESA FRESERA NIEGA LAS ACUSACIONES
Manuel Matos, responsable de la empresa fresera donde supuestamente se habrían cometido abusos sexuales y laboral contra varias temporeras inmigrantes según el SAT, ha asegurado este que todas estas acusaciones y "mentiras" responden a una "campaña orquestada" por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y ha dejado claro que cumplen toda la normativa para llevar a cabo su trabajo de manera correcta.
En declaraciones a Europa Press, Matos ha negado todos los hechos relatados por el SAT y ha explicado que en su finca "no se ha retenido a nadie, se pagan los salarios sobre el día cinco de cada mes", como se hace habitualmente el sector e incluso hacen adelantos de sueldo al empleado que lo solicite. Por ello, ha rechazado todas estas acusaciones, que ha calificado de "mentiras".
Ha señalado que en la empresa, dedicada al sector desde hace 30 años, han superado todas las inspecciones y controles a los que se han visto sometidos recientemente y ha apostillado que la voluntad de la misma es cumplir con la normativa e intentar "trabajar lo mejor posible".
Tras lamentar las situaciones de "acoso" a las que se ha visto sometido por parte de responsables del SAT, Matos ha negado que se retuviera a nadie y ha explicado que las trabajadoras cuentan con su visado y la vuelta a su país de origen se hace de manera escalonada y ordenada y ha incidido en que el sector lo organiza todo y que la llegada y salida de las trabajadores cuenta con una actuación específica.
