Madrid, séptima autonomía en emisiones de CO2 desde 1990, según un informe

  • Cataluña y Andalucía, con un 14% del total, son las Comunidades con más emisiones totales de CO2 en España desde 1990
Millones de personas podrían sufrir faltas nutricionales por aumento del CO2
Millones de personas podrían sufrir faltas nutricionales por aumento del CO2

Andalucía y Cataluña lideran las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España, con un 14% del total emitido, durante las últimas tres décadas, mientras que Madrid (6,2%) ocupa el séptimo lugar, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad que destaca que el pico de emisiones en el conjunto del país se produjo en 2007.

El informe '30 años de emisiones de CO2 por comunidades autónomas 1990-2019' se ha elaborado por el OD y la consultora AIS Group.

Para el director de OD, Fernando Prieto, el pico en las emisiones “ya se ha producido en España y en todas las autonomías”, por lo que considera necesario “hacer un esfuerzo en todas las administraciones para descarbonizar sus territorios”, así como en las actividades que sean “todavía contaminantes en esta próxima década clave de 2021 a 2030”.

La publicación del informe coincide con el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París -que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015 durante la Cumbre del Clima de París (COP21), con el acuerdo de 195 países y la Unión Europea para reducir las emisiones globales.

Según este estudio, Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón son las regiones que más han reducido sus emisiones, mientras que Murcia, Navarra y Extremadura, las que más han aumentado en el periodo estudiado.

Por otro lado, Asturias, Murcia y Galicia cuentan con “más peso de emisiones de sectores fijos” a través de las centrales térmicas y el “polo industrial de Escombreras de la comunidad murciana” respecto a Madrid, Extremadura y La Rioja, que se sitúan en el otro extremo.

El informe asegura que la presencia de centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas “poco pobladas” promueve que los mayores emisores per cápita sean los asturianos, seguidos de aragoneses y navarros, frente a madrileños, valencianos y andaluces.

Parte de las emisiones se deben a sectores fijos (energía, cementeras e industria) o difusos (transportes, comercios, pequeñas industrias, calefacciones y agricultura), distingue el documento.

Si se atiende a la distribución del total de las emisiones de los sectores difusos por comunidades autónomas, Cataluña representa un 14% de las emisiones, seguida de Andalucía con un 13 %, Castilla y León y Madrid con un 10% y Comunidad Valenciana con un 8 % son las que más contribuyen al total de las emisiones de CO2 del país.

Respecto a la evolución de las emisiones difusas se observa que entre 2008 y 2019 la reducción de emisiones se ha producido en todos los territorios excepto Melilla.

Las comunidades que más han reducido sus emisiones difusas son Cantabria, Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que en extremo contrario figuran Extremadura, Baleares, Murcia Aragón y Madrid.

El análisis destaca que las emisiones por unidad de Producto Interior Bruto (PIB) tiene un “máximo absoluto en Asturias” al alcanzar un valor de 1,39 toneladas equivalente de CO2 por cada 1.000 euros de PIB, a través del uso de carbón y especialización de esta región en la producción energética.

Respecto al conjunto, el pico de las emisiones se dio en España en 2007 cuando ascendieron a 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes y las que primero alcanzaron este máximo fueron Galicia, Navarra y Canarias en el año 2005.

Además, el informe estima que durante este año “las emisiones han caído en las comunidades autónomas debido a la covid-19”, pero recuerda que el reto para el futuro es reducir las emisiones sin perjudicar el bienestar de la población.

Aumentar la rendición de cuentas y coherencias en las políticas así como evitar las subvenciones a los combustibles fósiles a favor de las energías renovables y el autoconsumo figuran entre las recomendaciones de esta investigación.

Las dos organizaciones coinciden en la necesidad de las autonomías de asumir sus compromisos y poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización y de hacer frente a su responsabilidad sobre las emisiones de los sectores difusos de gases de efecto invernadero.