Las familias acogedoras y adoptivas se unen para defender el derecho de los niños y adolescentes a crecer en familia

  • ASEAF y CORA firman un convenio marco para contribuir al cumplimiento del derecho fundamental de los menores a vivir en familia
María Arauz, Gabriel González-Bueno y Ana María Linares
María Arauz de Robles, D. Gabriel González-Bueno Uribe y Ana María Linares Alonso |Aseaf

María Arauz de Robles, presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y Ana María Linares Alonso, coordinadora general de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA) han firmado, en la sede de Vinces Consulting, un convenio marco para trabajar de forma conjunta, en actividades de cooperación con el fin de aumentar los vínculos entre ambas entidades.

La firma del convenio ha contado con la presencia del director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Gabriel González-Bueno Uribe.

A partir de ahora, las dos entidades trabajarán de forma conjunta en actividades que contribuyan a mejorar el sistema de apoyo a la infancia, y más concretamente, en el acogimiento familiar y la adopción, como principales medidas de protección a la infancia.

En este sentido, contemplan aunar los conocimientos de ambas organizaciones para visibilizar la situación de niñas, niños y adolescentes en desprotección o vulnerabilidad, y apoyarles con diferentes iniciativas, teniendo en cuenta, por encima de todo, su interés superior. Un objetivo que hay que tener muy presente en estos tiempos, en el que el covid-19 ha acentuado la necesidad de que estos menores vivan en familia.

ASEAF y CORA tienen en común la defensa de los derechos de los menores, de las familias de acogida y adopción, promueven actividades formativas y de divulgación y colaboran con las administraciones centrales y autonómicas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACOGIDA Y LA ADOPCIÓN EN ESPAÑA

El último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, referido a 2019, no deja lugar a dudas.

Año tras año, el número de menores con alguna medida de protección que crecen en residencias aumenta: se priorizan los centros frente a las familias de acogida, a pesar del mandato expreso y contundente de la Ley 26/2015 de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que reconoce el derecho de los niños y las niñas a crecer en familia, y obliga a que prime el acogimiento familiar frente al residencial.

MENORES TUTELADOS Y ACOGIDA

Desde el año 2015 ha aumentado en un 18% el número de menores institucionalizados según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por otro lado, el acogimiento familiar ha descendido casi un 5% en el mismo período.

Las cifras de menores en residencias aumentan a partir de los ocho años, pero lo más alarmante es que aún hay centenares de bebés y menores de 3 años, creciendo institucionalizados en centros, algo contrario a la Ley 26/2015. También se ha incrementado el número de menores extranjeros no acompañados, un 18% en 2019.

ADOPCIÓN

La adopción (especialmente la internacional) ha sufrido un importante descenso en nuestro país en la última década, por motivos muy diversos como los cambios legislativos en materia de protección de menores en los países de origen, con requerimientos más restrictivos y fomentando la adopción interna en dichas naciones, cierre de países con prácticas irregulares en materia de adopción, la crisis económica y la pandemia sanitaria actual, etc.

La adopción nacional, aunque tiene una tendencia descendente, se mantiene en unos centenares de adopciones anuales, superando en los últimos años a las adopciones internacionales.

La adopción internacional ha descendido un 90% en la última década, siendo los países asiáticos (Vietnam, China e India), junto con la Federación Rusa y Colombia, los países en los que más adopciones se han realizado recientemente.

Datos estadísticos de adopción nacional e internacional

ADOPCIÓN ABIERTA

Establece la posibilidad de que el menor en adopción pueda mantener contactos o relaciones con su familia de origen y sus anteriores acogedores (Ley 26/2015 de Protección a la Infancia y a la Adolescencia).