El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), que reúne a representantes de estudiantes de todas las universidades españolas, ha acordado convocar un paro para el próximo jueves en rechazo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a la Ley de Convivencia Universitaria. Este paro se suma a las movilizaciones convocadas ya para el 18 de noviembre, y que marca el inicio de un ciclo de protestas contra ambos proyectos legislativos.
El Pleno del CEUNE en una sesión presidida por el ministro, ha emitido un informe desfavorable a la LOSU al entender que no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades vigente desde 2001.
A su vez, la organización ha incorporado en el acta el soporte a la convocatoria de movilizaciones realizada por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) mediante la convocatoria de un paro académico a nivel estatal para el 18 de noviembre.
Así, el pleno del CEUNE se suma a la oposición mostrada a la enmienda presentada por Esquerra Republicana, Unidas Podemos y PSOE que eliminaría de la Ley de Convivencia Universitaria el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley, el cuál sí recibió informe favorable por parte del órgano estudiantil que preside el Ministro.
Esta enmienda será previsiblemente aprobada el 17 de noviembre, tras el adelanto de las votaciones por la mesa de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en previsión de las movilizaciones estudiantiles convocadas para el 18 de noviembre. A este rechazo se le une el informe desfavorable emitido hoy a la LOSU, quedando los principales proyectos normativos del Ministerio sin el apoyo del colectivo universitario mayoritario.
Los estudiantes han manifestado ante Castells que "el proyecto de ley de universidades no avanza de forma firme y clara en la cogobernanza universitaria, quedando estancado en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente vigente, y sin proponer una mejora universitaria".
Tampoco avanza la "ley Castells", en opinión del CEUNE, en "solucionar los principales problemas del estudiantado, como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos ola falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria".
