Grave caso de presunto acoso laboral y sexual en Murcia, dentro de la Guardia Civil. Un juzgado militar instruye la causa contra un sargento por agresiones sexuales y abuso de autoridad. La denunciante, una agente, le acusa de violaciones e incluso de obligarle a abortar.
La agente de la Guardia Civil ha presentado una denuncia ante el Juzgado Militar Territorial Número 14 de Murcia contra un sargento tras sufrir, supuestamente, por su parte acoso sexual y laboral durante cuatro años e, incluso, ser violada en repetidas ocasiones. Así lo ha hecho saber hoy el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), Juan Fernández, y la abogada de la denunciante, Laura Pérez Botella, en una rueda de prensa en la que han detallado el caso.
Un juzgado militar investiga el presunto acoso laboral y sexual que sufrió de forma continuada durante cuatro años esta guardia civil de base destinada en Murcia y que fue obligada por su superior, un sargento de la misma compañía, a que abortara después de ser violada.
DESTITUCIÓN
Este mando, que se enfrenta hasta 15 años de prisión, ha permanecido hasta última hora de la mañana en su puesto.
Después de que la AUGC haya denunciado este caso a media mañana de este miércoles, la Guardia Civil ha comunicado en una nota de prensa que ha decidido suspender de funciones y cesar de su destino a O.M.G. Según la Dirección General del Instituto Armado, que fue informado por carta de estos hechos en diciembre de 2015, la decisión se ha adoptado después de recibir hoy "oficialmente" el auto de procesamiento del Juzgado Militar Territorial Número 14 de Cartagena (Murcia).
Además de por la "gravedad y afectación individual de la víctima", la decisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se ha basado en la "amplia difusión en los medios" de estos hechos que, dice en un comunicado, "generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado".
Formalmente, según el auto de procesamiento que se sigue en la jurisdicción militar --donde no existe la figura del investigado, antes conocido como imputado--, este sargento destinado en Molina de Segura está acusado de los delitos de abuso de autoridad con modalidad de trato inhumano, abusos sexuales continuados, lesiones psíquicas graves y trato degradante.
DE BAJA Y CON PESADILLAS
La víctima, una guardia civil de mediana edad con un niño a su cargo, se encuentra de baja desde el 9 de marzo de 2015. "Está muy mal, sigue somatizando las consecuencias del acoso, con trastornos y problemas cardiacos y renales. También sufre pesadillas continuas. Recordar es dificilísimo", ha comentado este miércoles su abogada en un acto en el que la AUGC ha pedido desmilitarizar el protocolo interno de denuncias de acoso para que no dependa de la jerarquía.
La letrada ha aportado otro dato: su defendida formaba parte de la oficina que lleva temas de violencia de género en la Guardia Civil. "Sabe lo perverso que es el sistema", ha explicado antes de dar más detalles: "Es una tortura lo que sufren las víctimas de cualquier delito y ella, además, está sometida a la disciplina militar y sabe que mostrar dolor es un síntoma de debilidad".
Los hechos de mayor gravedad se remontan a 2012 cuando, según el auto de procesamiento, el sargento regresó de un permiso de paternidad. Fue este año cuando se produjo el primer episodio de violación dentro del domicilio de la guardia civil, que llegó a recibir 50 llamadas diarias a su teléfono por parte de su presunto acosador. Este también le envió multitud de mensajes, que forman parte del proceso judicial, todos ellos "escandalosos" y "horribles". "Cuesta leerlos", ha apostillado la abogada.
"SACA ESO DE AHI"
Este sargento, jefe de la unidad, se enteró ese año que la mujer a la que violaba se había quedado embarazada. "Saca eso de ahí, no me vas a joder la vida", exigió a la agente, a la que forzó a que abortara y también le exigió que le mostrara la factura de la clínica. El acoso continuó después de esto, y en abril de 2013 la guardia civil fue forzada a una felación en un descampado. Cuando la víctima se quejaba, el mando del Instituto Armado se limitaba a recordar su autoridad: "Porque aquí mando yo".
Por entonces, una teniente de esta compañía se había percatado de lo que ocurría y decidió denunciar los hechos a través de la unidad orgánica de la Policía Judicial. Aquello quedó sin consecuencias: se abrió una información reservada que fue cerrada después de la intervención del capitán de la compañía, que sólo accedió a abrir un expediente a la teniente.
DENUNCIAS SIN ATENDER
En febrero de 2014, este mismo capitán jefe de la compañía había abierto otro expediente de información reservada: en esta ocasión, la investigada era directamente la guardia civil presuntamente víctima del acoso sexual. Entre medias, además, se había archivado otra denuncia de un guardia civil varón conocedor de los hechos, y que fue quien alertó a los servicios jurídicos de la AUGC.
Visto su desamparo, la guardia civil causa baja el 9 de marzo de 2015. A la violencia física se sumó el temor a represalias de su jefe, que le encargaba más tareas y le cambiaba de turnos si no cedía a sus chantajes, lo que obligó a esta mujer a acudir a las seis de la mañana a su puesto de trabajo con su hijo, menor de edad, antes de llevarlo al colegio.
Aunque por ese miedo a represalias antes no se había atrevido a corroborar ante la Policía Judicial la violencia de la que venía siendo víctima desde hacía cuatro años, fue después de su baja cuando decidió, asesorada por su abogada, presentar una denuncia por medio de una carta enviada a la Dirección General de la Guardia Civil. Era diciembre de 2015. Entonces ya sí, según la letrada, "se abrieron diligencias rápidamente", aunque lamenta que hasta hoy el presunto acosador haya hecho "vida normal".
OPACIDAD DE LAS ESTADISTICAS
La AUGC, el sindicato mayoritario en el Instituto Armado, ha denunciado la opacidad de las estadísticas de este Cuerpo en relación con acosos y abusos sexuales.
Por ejemplo, su portavoz, Juan Fernández, ha explicado que tienen constancia de que en el último semestre de 2015 se cursaron 25 casos en un colectivo formado por 80.000 efectivos, de los que tres --uno de ellos la de esta agente en Murcia-- han sido estudiados una vez analizados por el gabinete psicológico que, recuerdan, no guardan el secreto profesional al estar obligado a informar a sus superiores, una prueba más de la jerarquía y militarización que quieren erradicar.
