El Gobierno reconoce que 52 guardias civiles se han suicidado en los últimos cinco años, según figura enuna respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado,a la que ha tenido acceso Efe. La respuesta ofrece datos desde 2012 y hasta el 28 de octubre de 2016, un periodo en el que se registraron 52 suicidios, con Andalucía como la comunidad con más casos, con un total de 14, por delante de los 11 de Madrid.
Por años, en 2012 y en 2014 se contabilizaron doce en cada ejercicio; en 2016 y hasta octubre, once; en 2013, nueve, y en 2015, ocho. En declaraciones a Efe, Hurtado ha considerado necesario hacer"un estudio pormenorizado sobre las razones que coadyuvan a que el índice de suicidios sea superior a la media de la sociedad".
Antonio Hurtado también ve imprescindible intentar analizar de qué forma pueden influir en esas tasas más altas las "condiciones y circunstancias laborales". La Dirección General de la Guardia Civil ya recordó que en su día que el cuerpo cuenta desde 2005 con un protocolo de conductas suicidas, incluido en un Plan Preventivo de Asistencia Psicológica.
No opinan así asociaciones profesionales del instituto armado como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha expresado su preocupación por esos índices de suicidios que, según subraya a Efe su secretario general, Alberto Moya, suponen un fallecimiento por cada 26 días.
Moya cifra en casi 500 el número de muertes por suicidio en la Guardia Civil, un 90 por ciento de ellos con armas de fuego reglamentarias, y dice que mientras la tasa media en el cuerpo es de 16,49 por 100.000 personas, la de la población en general es de 11,78 y la de la Policía Nacional de 12,28.
Para Moya, esto "descarta" la explicación de que esas tasas más elevadas se deban sólo a causas personales y familiares o al riesgo añadido que supone trabajar con armas de fuego o ser propietario de éstas.
Lejos de ello, el secretario general de AUGC ve detrás las"diferencias laborales con otros cuerpos policiales, junto a las dificultades para defender sus derechos", además de una idiosincrasia propia de la institución "anclada en una visión de sus recursos humanos más propias del paternalismo decimonónica que de la etapa democrática en la que vivimos".
