España ha destruido cerca de medio millón de kilos de diversas drogas hasta julio, lo que supone el 72,25% del total de droga incautada y almacenada, tras activarse el acuerdo-marco de colaboración entre el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en materia de destrucción de drogas, firmado el 3 de octubre de 2012.
Por organismos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), han procedido a la destrucción directa de 321.400 kilos.
A su vez, en las Unidades de Recepción, Custodia y Destrucción de las Áreas de Sanidad y Política Social de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se han destruido un total de 141.868,872 kilos de droga, mientras que en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que trabaja únicamente sobre muestras, se han destruido 2. 681 kilos.
El protocolo de colaboración interministerial y judicial que regula la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas sistematiza la colaboración de todas las autoridades que intervienen y establece procesos estandarizados, desde la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, su análisis y reserva de muestras, hasta su destrucción final.
Este acuerdo garantiza la cadena de custodia de los alijos y agiliza la destrucción de la droga en el plazo de semanas, con la conservación de muestras como pruebas para el juicio.
Cada mes, la comisión nacional de seguimiento del acuerdo-marco, integrada por las instituciones firmantes, ha mantenido reuniones para poner en marcha el contenido del protocolo y resolver los problemas detectados, con el fin de garantizar la destrucción de la droga que se incauta en el transcurso de pocas semanas.
GUIA PRACTICA
Todos los profesionales implicados en el cumplimiento de dicho protocolo se rigen en estos momentos por una 'Guía práctica', en la que se establecen criterios homogéneos de actuación y se garantiza la cadena de custodia.
Al mismo tiempo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, técnicos, instituciones y autoridad judicial, comparten e intercambian información sobre los pasos que se adoptan en relación con la custodia y destrucción de la droga, a través de las Comisiones provinciales creadas al efecto, la Policía Judicial, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares.
La comisión de seguimiento del acuerdo-marco está trabajando para que, en breve plazo, aumente el número de puntos autorizados de destrucción de la droga con el fin de que pase de un único centro en toda España a cinco.
Paralelamente, se está evaluando la reducción a la mitad los puntos de depósito de la droga incautada, reforzándose las medidas de seguridad de las instalaciones.
