El gobierno transfiere 150 millones a las CCAA para contratar profesores en universidades públicas
- Madrid recibirá 28.305.088 euros
- El programa permitirá incorporar 5.638 profesores ayudantes doctor
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha aprobado la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas dentro del programa María Goyri.
"Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las CCAA"
La decisión se adoptó en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), con el apoyo de todas las autonomías salvo Baleares.
Reparto de fondos por comunidades
Los 149.674.540 euros se distribuyen de la siguiente forma:
- Cataluña: 34.884.105 euros
- Madrid: 28.305.088 euros
- Andalucía: 21.083.400 euros
- Comunidad Valenciana: 17.841.306 euros
- Castilla y León: 11.080.110 euros
- País Vasco: 6.020.960 euros
- Canarias: 5.437.673 euros
- Región de Murcia: 5.225.800 euros
- Galicia: 4.235.637 euros
- Castilla-La Mancha: 4.229.088 euros
- Aragón: 3.796.284 euros
- Extremadura: 2.035.800 euros
- Navarra: 1.862.080 euros
- Asturias: 1.287.206 euros
- Cantabria: 1.131.000 euros
- Baleares: 1.058.568 euros
- La Rioja: 160.435 euros
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El programa María Goyri
El Gobierno recuerda que el programa permitirá incorporar 5.638 profesores ayudantes doctor hasta 2028, un 70% más que en el curso 2023-2024.
Durante seis años financiará 3.400 plazas, ya contratadas, con un coste global superior a 900 millones de euros. Además, moviliza otras 2.236 plazas sufragadas por las comunidades autónomas con 600 millones adicionales.
A finales de julio, varias comunidades gobernadas por el PP pidieron suspender la Conferencia de Política Universitaria por la emergencia de los incendios forestales. Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares no participaron finalmente en la reunión. Murcia había confirmado asistencia y no se conectó, mientras que Aragón tampoco se conectó.
La ausencia de estas autonomías impidió alcanzar el quórum necesario para aprobar el reparto, ya que el reglamento exige la presencia de la mitad más una de las CCAA.
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El Ministerio defendió que había mostrado "toda su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios", pero recordó que la reunión "era telemática; su duración prevista no superaba los 30 minutos; el orden del día constaba únicamente de dos puntos; el reparto ya había sido acordado por unanimidad; y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir".
"Existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del Pleno sin interferir en la gestión de la emergencia", afirman desde el Ministerio, cuya responsabilidad era preparar el expediente, convocar el Pleno y poner los fondos a disposición de las comunidades autónomas.
Según Universidades, las comunidades que no asistieron "sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento", lo que retrasaba la llegada de los fondos. "Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista", advirtió el Ministerio.
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La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado el 'desbloqueo' de la transferencia de 149,6 millones de euros para financiar el salario de los 3.400 profesores ayudantes doctores incorporados este año.
Ha recordado que las autonomías deberán transferir ahora los fondos a las universidades, que habían adelantado el pago de los salarios de 2026.
La CRUE considera esta iniciativa clave para planificar a medio plazo, abordar el relevo generacional y reforzar la captación de talento. También destaca que el programa impulsa la cooperación entre administraciones y ayuda a avanzar hacia el mandato de suficiencia financiera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija una inversión pública mínima del 1% del PIB en 2030.
"El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía", señala la CRUE, que subraya la importancia de garantizar la estabilidad del sistema universitario español.
