La Unidad de Víctimas de abusos de la Iglesia del Defensor el Pueblo está analizando 317 expedientes, de las 377 solicitudes remitidas por el Ministerio de la Presidencia, según ha informado la oficina del Defensor, con motivo de la reunión que han mantenido este lunes los quince miembros de esta unidad.
Según el protocolo firmado el pasado 30 de marzo por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, esta Unidad de Víctimas, formada por 15 expertos, se encarga de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes y elabora una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación.
Este mecanismo, que entró en funcionamiento el 15 de abril de 2026, establece esta vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tramita las solicitudes.
El protocolo establece también que una vez que esta unidad de víctimas evalúe los casos, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Confederación de Religiosos (CONFER) emitirán, a través de su comisión asesora (Priva), un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos.
Y por último paso en este proceso, si no hubiera acuerdo en alguno de los casos, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados intentarán alcanzar una solución y, en última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra.
La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Las compensaciones económicas, sin baremos fijados en el texto, serán asumidas por la Iglesia. El sistema tiene una vigencia de un año, prorrogable a un segundo, y es complementario al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) puesto en marcha por la Iglesia en 2024.