La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a seis teleoperadores de líneas de videncia y tarot por extorsionar a clientes amenazándoles con dar a conocer las grabaciones de sus conversaciones, con información comprometedora.
Según ha informado la Guardia Civil, una de las víctimas, vecina de Almería, llegó a pagar 28.100 euros en cinco pagos, por las amenazas continuadas que sufrió durante tres meses. Las investigaciones para la operación, bautizada Mala hierba, se iniciaron en octubre, cuando se detectaron indicios del posible delito.
La Guardia Civil contactó en la provincia de Almería con dos víctimas de este clan, a las que les habían extorsionado 28.100 y 5.000 euros respectivamente, bajo la amenaza de dar a conocer unas grabaciones de audio que tenían de ellas.
SONSACABAN INFORMACIÓN
En las conversaciones, los teleoperadores intentaban sonsacar información que afectara a terceras personas con las que el cliente tuviera mala relación y proponiéndoles el encargo de algún tipo de "trabajo de magia negra" contra ellos.
Pasado un tiempo, volvían a contactar con ellos por vía telefónica y les daban a conocer la existencia de la grabación, la supuesta ilegalidad de lo que había hecho y el perjuicio que le podía suponer si esto saliera a la luz, por lo que les solicitaban el pago de una determinada cantidad económica por "destruir las grabaciones".
Los ingresos que obtenían como teleoperadores de líneas del tarot eran mínimos, alrededor de 300 euros, por lo que su principal actividad era en realidad la extorsión posterior de sus clientes.
El grupo desarticulado, cinco mujeres y un varón, todos ellos de nacionalidad española, contaba con una estructura sólida en Barcelona. Una de las teleoperadoras atendía a los clientes y seleccionaba a sus futuras víctimas y una segunda contactaba posteriormente con ellas dándoles a conocer la existencia de la grabación y solicitándoles el dinero para proceder a su destrucción.
El resto de personas del entramado blanqueaba el dinero obtenido, a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad, haciendo posible el disfrute jurídico del dinero pagado por las víctimas sin posibilidad de ser cuestionado.
La Guardia Civil mantiene abierta la operación, que ha sido dirigida por la Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) y desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la UOPJ de la Comandancia de Almería.
